Hace 15 años, la abogada mexicana Alma Barraza se sumergió en una batalla legal para conseguir una indemnización justa para los aldeanos indigentes que perdieron sus propiedades cuando el gobierno confiscó sus tierras para construir una presa.
Desde entonces, cinco aldeanos a los que Barraza representaba han sido asesinados. Un hombre con el que trabajaba fue asesinado a tiros, al igual que uno de sus guardaespaldas. Su hermano está desaparecido. Y quién cometió los crímenes sigue siendo un misterio.
Atormentada por la falta de respuestas y obstaculizada por las autoridades mexicanas, Barraza ha recurrido al abogado de Chicago John Lee para solicitar ayuda a un tribunal internacional con el fin de descubrir la verdad y obtener justicia. Pero el ya difícil camino para Barraza y Lee se volvió aún más complicado tras el recorte de la ayuda exterior por parte de la administración Trump.
Con los recortes realizados a principios de este año y la retirada de Washington de la ayuda internacional, reforzada por el paquete de recortes de $9,000 millones aprobado por el Congreso este verano y la propuesta de recorte de $4,900 millones presentada por Trump la semana pasada, la financiación federal que ayudaba a sufragar el trabajo de Lee se ha visto diezmada y el futuro del programa es incierto.
La iniciativa, denominada Justice Defenders, está dirigida por la Asociación Americana de Abogados, que afirmó haber recibido hasta $3.4 millones anuales en ayudas federales para el programa por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Durante años, el programa ha apoyado la labor de abogados en docenas de países, sacando a la luz abusos contra los derechos humanos y reforzando las normas del Estado de derecho en los sistemas de justicia penal. Mientras Lee y otros abogados ofrecían servicios jurídicos de forma gratuita, los fondos federales ayudaban a cubrir los gastos de viaje, investigación y otros costes.
Para Lee, el programa representa una forma civilizada, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, de unir a las naciones para resolver problemas y disputas, especialmente en un momento en el que “todo el mundo intenta separar a todo el mundo”.
“Creo en el sistema internacional de justicia en materia de derechos humanos y pongo de mi parte para contribuir a ello”, afirmó Lee, quien anteriormente trabajó en un importante caso internacional que limpió el nombre de un periodista boliviano convertido en político que luchó contra la corrupción.
El programa es también un ejemplo de diplomacia blanda que, al tratar de corregir algunos errores en el mundo, contribuye a mantener la estabilidad de otras naciones y puede desalentar la inmigración masiva a los Estados Unidos, uno de los objetivos declarados de la administración Trump. Según los partidarios del programa, al erradicar la corrupción en esos otros países, menos personas querrán marcharse.
“Si quieres talar un árbol”, dijo Barraza, “tienes que ir a la raíz, para que no vuelva a crecer”.
Desde que se aplicaron los recortes, la ABA y otras organizaciones han presentado una demanda para que se restablezca parte de la financiación destinada a Justice Defenders y otros programas, alegando que se habían asignado más de $60 millones en ayuda exterior a través de compromisos formales y que los fondos de las subvenciones se destinaban a iniciativas “relacionadas con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.
La ABA afirmó en su demanda que la organización perdió subvenciones destinadas a luchar contra la trata de personas en Colombia y la República Democrática del Congo, combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo en Sudamérica y preparar a Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia.
Un alto funcionario del Departamento de Estado de EEUU afirmó en una declaración enviada por correo electrónico al Tribune que las decisiones de la administración Trump sobre “cualquier ayuda exterior, incluida la destinada a programas de democracia, se basarán en si contribuyen a que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero”.
Sin embargo, un antiguo empleado del Departamento de Estado que trabajaba en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y que fue despedido a principios de julio, afirmó que las subvenciones para programas como Justice Defenders han sido objeto de ataques porque la ABA y otras organizaciones se han opuesto a las políticas de ayuda exterior de Trump.
“La ABA figura en esta supuesta lista de implementadores a los que simplemente no quieren que se les vuelva a prestar ayuda extranjera”, según el antiguo empleado, que habló de forma anónima por temor a represalias políticas.
En última instancia, los recortes podrían socavar los esfuerzos de Lee y otras personas que ayudan a abogados extranjeros y víctimas de injusticias que se enfrentan a acoso, represalias y obstáculos burocráticos, desde América Latina hasta Kirguistán y varios países de África.
En México, la responsabilidad de investigar la violencia que Barraza ha presenciado y sufrido recae en el mismo gobierno al que ella ha criticado repetidamente por su inacción ante los crímenes humanitarios. Ahora espera obtener respuestas de un tribunal internacional que podría recomendar a un México reacio a investigar más a fondo los presuntos crímenes.
El Consulado de México en Chicago no hizo comentarios sobre los casos de Barraza y su hermano.
Aunque los recortes estadounidenses podrían dificultar la capacidad de Barraza para obtener respuestas, Lee no se desanima y ya ha pagado de su propio bolsillo un viaje a Ciudad de México para consultar con Barraza.
“En primer lugar, he dedicado una década de mi vida y mi trabajo a esto, y una vez que empiezo algo, quiero verlo completado con éxito”, dijo Lee. “En segundo lugar, el coraje, el empuje y el deseo de Alma de obtener justicia también son inspiradores. Podría haber abandonado México hace mucho tiempo”.
“Ella no se irá”, afirma Lee. “Yo tampoco puedo abandonarla”.
El ‘milagro’ de Alma
La lucha de Alma Barraza a menudo ha puesto en peligro su propia vida.
Su historia, tal y como se describe en entrevistas con Barraza, Lee y otras personas, en documentos judiciales y en noticias, comenzó en 2010, cuando un grupo de residentes de pequeñas localidades rurales de los alrededores de la ciudad costera de Mazatlán, en el Pacífico, le pidieron ayuda tras ser desplazados de sus hogares para dar paso a la construcción de una presa.
Aunque dijeron que los funcionarios mexicanos prometieron que recibirían una compensación justa, decenas de miembros de la comunidad con bajos ingresos afirmaron que se les había engañado. La presa de Picachos, situada a las afueras de Mazatlán, se construyó en el estado de Sinaloa, una zona sacudida por los escándalos, ampliamente asociada con un cártel de la droga del mismo nombre y plagada de acusaciones generalizadas de corrupción gubernamental.
En 2014, unos años después de que Barraza, de 52 años, se hiciera cargo del caso, según ella misma, cinco miembros de una familia de un pueblo cercano a la que representaba fueron sacados de su casa y ejecutados delante de los demás, según Barraza, artículos de prensa y documentos judiciales.
Ese mismo año, Barraza dijo que el locutor de radio Atilano Román, un activista con el que trabajaba, estaba entrevistando a una mujer de un pequeño pueblo cerca de Mazatlán cuando dos hombres armados irrumpieron y lo mataron durante el programa. El hermano de Barraza, Francisco Barraza Gómez, fue secuestrado en 2017 y no se sabe nada de él desde entonces, dijo.
“Solo dos meses después, vinieron a por mí”, dijo. “Fue entonces cuando intentaron matarme”.
Uno de sus guardaespaldas murió en un tiroteo. Ella dijo que logró escapar solo gracias a un “milagro”.
Para protegerla, las autoridades mexicanas trasladaron a Barraza de su casa en Mazatlán a la Ciudad de México, pero a menudo tiene miedo de salir de casa. Siente que su vida personal y su carrera se han visto truncadas y lucha contra el insomnio y episodios debilitantes de trauma que le impiden concentrarse.
A lo largo de estos años de calvario, Barraza fue arrestada dos veces mientras lideraba manifestaciones para llamar la atención sobre la difícil situación de los aldeanos, una saga que, según ella, la llevó a sufrir abusos físicos y psicológicos en la cárcel. A pesar de las ofertas de las Naciones Unidas para reubicarla en el extranjero, permanece en la Ciudad de México, comprometida con la defensa de las comunidades vulnerables.
“Es tenaz”, dijo Lee. “Ella solo quiere respuestas”.
Como Barraza cree que el sistema judicial mexicano está “corrompido” y que los funcionarios protegen la corrupción en sus filas, dijo que se puso en contacto con él después de que un funcionario de la ONU informara a la ABA sobre su difícil situación. La ABA se puso entonces en contacto con el International Senior Lawyers Project, con sede en Nueva York, un grupo familiarizado con el trabajo de Lee, y le preguntó si estaría dispuesto a hacerse cargo del asunto, según explicó él mismo.
Lee, que anteriormente trabajó en un caso latinoamericano con el abogado Arturo Aviles, con sede en Texas, se ha unido una vez más a él para presentar denuncias en nombre de Barraza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización con sede en Washington D.C. que se ocupa de disputas internacionales. Esperan lograr una resolución justa y trascendental para Barraza y, por separado, para su hermano, que arroje luz sobre la violencia y sobre quién está detrás de ella.
Si la recomendación de la comisión no da lugar a ninguna medida, el objetivo sería llevar ambos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de que, al menos, se presione a México para que busque respuestas sobre lo que les ocurrió a las víctimas desaparecidas y asesinadas, según Lee.
Lee afirmó que las sentencias de la Corte Interamericana tienen un peso significativo y podrían obligar a México a investigar.
Diplomacia blanda
Desde 2011, la ABA ha prestado asistencia a más de 2,000 defensores de los derechos humanos en 77 países, según un portavoz de la organización.
Justice Defenders opera con una combinación de fondos federales y contribuciones en especie de la ABA, y utiliza los fondos para apoyar a los defensores de los derechos humanos que se enfrentan a acusaciones penales, demandas frívolas y acoso. Aproximadamente un tercio de sus esfuerzos se han destinado a apoyar a abogados como Barraza.
Sin embargo, debido a los recortes federales, el portavoz de la ABA afirmó que Justice Defenders ha cerrado en todas las regiones excepto en África, donde sigue operando “a menor escala” gracias a “donantes privados y filantrópicos”.
En el momento en que se produjeron los recortes a principios de este año, el Departamento de Estado aún disponía de $1.6 millones de los aproximadamente $3 millones asignados a Justice Defenders, según el portavoz de la ABA.
Justice Defenders no es el único programa de este tipo que presta asistencia a los defensores de los derechos humanos y que ha sido cancelado debido al retroceso federal. La ABA sostiene que era uno de los más pequeños y menos costosos, pero que tenía un impacto de gran alcance.
La retirada de fondos a este tipo de diplomacia blanda forma parte de un cambio de política general en la Casa Blanca de Trump, lo que contrasta con las administraciones anteriores y no pasa desapercibido para los críticos.
“Durante generaciones, el mundo ha mirado a Estados Unidos como líder en la protección de los derechos civiles”, afirmó el senador Dick Durbin, de Illinois, miembro destacado del Comité Judicial del Senado. “Eso no puede cambiar”.
Durbin señaló que los programas de la ABA financiados por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado “proporcionan un apoyo fundamental a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo y refuerzan los valores fundamentales de nuestra nación”.
Además de Lee, otros miembros de la comunidad jurídica de Chicago siguen participando a nivel mundial en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la justicia.
Por ejemplo, Juliet Sorensen, profesora de Derecho clínico en la Universidad Loyola de Chicago, asesoró a Justice Defenders cuando esta organización defendió al periodista kirguís Bolot Temirov ante varios organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos y diversos expertos independientes.
Según Sorensen, Temirov fue deportado ilegalmente a Moscú en 2022 como represalia por sus reportajes de investigación sobre la corrupción de alto nivel en el Gobierno kirguís. Fue detenido por lo que él afirma que fueron acusaciones falsas relacionadas con drogas, le anularon el pasaporte y posteriormente fue acusado de falsificar documentos, según ella. Actualmente vive en el exilio.
A diferencia del caso de Barraza, que se encuentra ante un tribunal internacional que supervisa a México y otros países de América, Sorensen y otros asesores jurídicos del equipo de Temirov solicitaron a la ONU en octubre de 2024 que se ocupara de su caso.
Su caso sigue estancado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ya tiene un retraso de dos años, dijo. Pero señaló que la pérdida del apoyo fiscal de Estados Unidos dificulta aún más el esfuerzo.
Aunque sigue trabajando en casos internacionales a través del Instituto para el Estado de Derecho de Loyola y mantiene su participación en la representación legal de Temirov, afirma que la suspensión de la financiación federal limitará las colaboraciones jurídicas internacionales.
“Nuestra capacidad para sacar a la luz estos abusos contra los derechos humanos y defenderlos con éxito… se verá gravemente mermada”, afirma Sorensen. “¿Y qué pasará entonces? Nuestra humanidad colectiva sufrirá las consecuencias”.
Éxitos pasados
Aunque Lee sigue trabajando en el caso de Barraza, este hombre de 66 años ya no ejerce la abogacía a tiempo completo y ahora se dedica principalmente a impartir clases sobre medio ambiente y conferencias sobre el cambio climático en la Universidad Loyola. Además de la licenciatura en Derecho, Lee también tiene un máster en Meteorología.
Durante aproximadamente 25 años, Lee trabajó en casos legales internacionales para combatir la injusticia y promover los derechos humanos, logrando un notable éxito en el alto nivel de los tribunales internacionales.
A principios de la década de 2000, se asoció con su antiguo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad DePaul, Douglass Cassel, que había sido director ejecutivo del Instituto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la facultad. Uno de los primeros casos que asumieron fue la defensa de Lupe Andrade, exalcalde de La Paz (Bolivia), a quien, según ellos, se había acusado injustamente de corrupción.
Andrade era una periodista comprometida que trabajaba en prensa escrita y televisión, y que ganó un escaño en el Ayuntamiento de La Paz y más tarde fue elegida alcaldesa. Como alcaldesa, Andrade denunció un contrato con una empresa que desarrollaba un sistema de recaudación de impuestos para la ciudad, un acuerdo que su predecesor había aprobado sin someterlo al consejo, según consta en el expediente del caso. Pero en lugar de dar curso a sus denuncias, sus oponentes políticos lograron que fuera procesada y enviada injustamente a prisión, dijo Cassel.
Andrade no logró nada luchando en los tribunales locales, pero Cassel y Lee llevaron su caso ante la Comisión Interamericana y los tribunales.
Inicialmente, las autoridades bolivianas se negaron a seguir las recomendaciones de la comisión de exonerarla.
“Ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerlo. Fueron totalmente cobardes”, afirmó Robert Gelbard, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, quien se hizo cargo de la causa de Andrade.
Después de unos 15 años, Gelbard asistió a las audiencias de Andrade en Costa Rica ante la Corte Interamericana en 2016, donde Lee y Cassel obtuvieron una decisión unánime a su favor, un fallo que el gobierno boliviano finalmente reconoció al “levantar todas las medidas pendientes en su contra”.
“Lupe recuperó su vida”, dijo Cassel, ahora abogado con sede en Nueva York, que también ha enseñado en la Universidad Northwestern y la Universidad de Notre Dame y ha trabajado en casos complejos en Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador.
“A Estados Unidos le interesa que se respete el estado de derecho y los derechos humanos en América Latina”, afirmó Cassel. “Si no se respeta, mucha gente huye de América Latina y viene a Estados Unidos en busca de asilo. Y si no pueden solicitarlo oficialmente, intentan venir aquí por cualquier medio posible. Esta ha sido una cuestión que preocupa a ambos partidos. Cuanto más logremos que América Latina sea un lugar habitable, menos latinoamericanos intentarán cruzar nuestras fronteras”.
Barraza se hizo eco de la opinión de Cassel en una videollamada desde su casa en México. Entre sollozos, argumentó que los recortes en Washington no servirán para acelerar casos como el suyo. Por eso dijo que está “profundamente agradecida” por el trabajo y la dedicación de Lee a su caso.
Gelbard, que intentó sin éxito presionar a la administración demócrata de Biden para que impulsara el caso de Barraza, dijo que le preocupaba que la decisión final no llegara hasta que ella estuviera “muerta o en una residencia de ancianos”.
“Cuando se pervierte el estado de derecho, se pervierte la democracia”, afirmó Gelbard. “Y en este caso, lo que estamos viendo es que, al ralentizarlo, se está pervirtiendo el estado de derecho”.
Con los recortes de financiación de EEUU ralentizando los esfuerzos de desarrollo en todo el mundo, aumenta la presión sobre cada caso individual en el extranjero. Casos como el de Barraza demuestran que los retrasos no solo paralizan los procedimientos, sino que pueden prolongar la incertidumbre y dejar vidas en el limbo.
Por ahora, Barraza espera.
—Traducción por José Luis Sánchez Pando/TCA
