LIMA (AP) — La fiscalía peruana pidió el jueves a la Corte Suprema declarar ilegal y cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular, aliado clave de la presidenta Dina Boluarte, por considerar que desarrolla “actividades contrarias a los principios democráticos”.
En una copia de la primera de las 364 páginas de la demanda a la que tuvo acceso The Associated Press, la fiscal general Delia Espinoza indicó que el partido liderado por la política Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), ha vulnerado de “forma sistemática” las libertades y derechos fundamentales a través de la promoción de ataques y persecuciones contra la integridad de magistrados, funcionarios, opositores y periodistas.
La AP solicitó detalles a la fiscalía sobre la denuncia sin obtener una respuesta al momento.
La denuncia ocurre un día antes que la Junta Nacional de Justicia — órgano que evalúa, sanciona y ratifica a magistrados — evalúe un pedido para suspender a la fiscal general Espinoza por una supuesta desobediencia en otro caso donde la Junta le pedía dejar su cargo máximo y entregárselo a otra fiscal.
Keiko Fujimori dijo en sus redes sociales que confiaba en que “este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”.
Fujimori, quien ha postulado sin éxito a las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021, aún no ha anunciado si volverá a correr como candidata para las elecciones generales de abril. El plazo vence a fines de diciembre.
No es la primera vez que la fiscalía general pide declarar ilegal y cancelar la inscripción de un partido.
En marzo, el Tribunal Electoral canceló la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros por lo que calificó como conducta “antidemocrática” de ese colectivo y en cumplimiento con una sentencia de la Corte Suprema tras un proceso de ocho meses impulsado por la fiscalía general.
