Por ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ (AP) — Colombia registró el asesinato de al menos 69 defensores de derechos humanos entre enero y noviembre de este año, continuando con una tendencia de alto riesgo para esos liderazgos que se ha mantenido en los últimos ocho años, informó el miércoles la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La cifra de homicidios podría ser mayor dado que la ONU recibió alegaciones de 198 casos, de los cuales 69 han sido verificados y 61 están en proceso de verificación, detalló la oficina en Colombia.
La gran mayoría de las víctimas fueron hombres, en 60 de los casos, seguido de ocho mujeres y una persona LGBTIQ+.
“En diferentes territorios las personas defensoras de derechos humanos me han dicho: ‘si hablamos, nos matan, pero si no hablamos también nos matan. Entonces seguiremos hablando’”, dijo Scott Campbell, representante en Colombia de la ONU Derechos Humanos, en un evento en Bogotá en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Campbell relató que ha visto llorar a defensores y defensoras en los territorios más afectados por la violencia que ha visitado en el país, tanto por las amenazas que reciben como por los casos que denuncian de reclutamiento de menores, violencia sexual o impacto ambiental negativo de proyectos de multinacionales.
En 2024 la ONU verificó 89 casos en los que los defensores de derechos humanos murieron por ejercer su labor, mientras que en 33 casos verificó que se trataba de un defensor, pero no pudo determinar si fue asesinado por ejercer su labor.
El asesinato de defensores —especialmente indígenas, afrodescendientes, campesinos y del medioambiente— ha sido una preocupación en los últimos años pese a que el país firmó un histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otros grupos armados ilegales —incluidas disidencias de las FARC— cooptaron los territorios que abandonó la antigua guerrilla para disputar su control por ser usualmente estratégicos para las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
“Los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales han afianzado su presencia territorial y han empleado estrategias violentas de control social y territorial sobre la población civil, así como sobre organizaciones étnico-territoriales y de base”, advirtió la ONU en el informe.
Los grupos armados ilegales son en mayor medida los señalados como responsables de los asesinatos de defensores, según la fiscalía. Sin embargo, gran parte de las investigaciones que ha adelantado la fiscalía desde 2016 no han derivado en una sentencia contra los perpetradores.
Violencia política
La ONU también manifestó su preocupación por la violencia asociada al proceso electoral que se adelanta en el país, que escogerá congresistas y un nuevo presidente en marzo y mayo de 2026, respectivamente.
Hasta noviembre la ONU documentó 18 casos de homicidios de líderes políticos, incluido el del precandidato presidencial y senador conservador Miguel Uribe Turbay que estremeció al país, que no registraba un magnicidio de un candidato presidencial desde 1990.
“Este hecho, como muchos otros, contra líderes y lideresas sociales y políticos del país, nos recuerda que no debemos olvidar el riesgo de que la violencia política está en medio de nuestra sociedad”, aseguró durante el evento del Día de los Derechos Humanos la defensora del Pueblo, Iris Marín.
La defensora recordó que tras el atentado contra Uribe Turbay, precandidatos de todas las orillas políticas acogieron un acuerdo para disminuir la pungacidad política en campaña y evitar mensajes que inciten al odio.
