Por REBECCA BOONE
BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Tres familias de Idaho formadas por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales presentaron una demanda después de que ellos y cientos de personas más fueron detenidos durante horas en una agresiva redada de inmigración realizada en un hipódromo rural el año pasado.
Las familias afirman que agencias de aplicación de la ley estatales y federales conspiraron para usar tácticas inconstitucionales e ilegales durante la redada, las cuales incluyeron detener a personas porque parecían ser latinas, mantener a adultos y a algunos menores atados con bridas de plástico durante horas sin acceso a comida, agua o baños, y registrar a individuos sin sospecha razonable de un delito.
Redadas de inmigración similares, marcadas por un uso intensivo de la fuerza, han afectado a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en otros estados. Un trabajador de la construcción de Alabama y ciudadano estadounidense que dice haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración presentó el año pasado una demanda federal en su estado, exigiendo el fin de las redadas del gobierno del presidente Donald Trump en lugares de trabajo, dirigidas a industrias cuyos trabajadores son, en su mayoría, inmigrantes.
Otras demandas en las que se alega discriminación racial y detención inconstitucional han tenido resultados mixtos en los tribunales. El año pasado, un juez federal de California emitió una orden de restricción que prohibía que los agentes de inmigración detuvieran a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación, pero la Corte Suprema revirtió esa orden en septiembre con una decisión de 6 a 3. El juez Brett Kavanaugh escribió en una opinión concurrente que la revisión judicial de la forma en que los agentes de inmigración llevan a cabo breves detenciones para realizar interrogatorios entorpecería los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, también dejó entrever que las detenciones en las que los agentes usan la fuerza aún podrían enfrentar impugnaciones legales.
Redada en Idaho fue en evento popular entre los latinos
Las familias de Idaho forman parte de las cerca de 400 personas detenidas en la pista de carreras de propiedad privada conocida como La Catedral, ubicada a aproximadamente una hora en auto al oeste de Boise. La redada, efectuada en octubre, fue parte de una investigación encabezada por el FBI por acusaciones de apuestas ilegales, pero sólo cinco personas en el evento fueron arrestadas en relación con la investigación. Más de 100 más fueron detenidas bajo sospecha de violaciones de inmigración.
El FBI tenía una orden de registro para la investigación sobre apuestas, pero la operación fue esencialmente una “expedición de pesca para detectar violaciones de inmigración”, escribieron los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Idaho en la demanda.
Las carreras son un evento popular y familiar para la comunidad latina local, con vendedores de comida y juegos infantiles que se llevan a cabo junto con los eventos ecuestres, escribió la ACLU de Idaho en la demanda federal.
‘Las familias con niños pequeños y abuelos van para realizar una agradable actividad al aire libre, esperando los momentos entre carreras cuando se permite que los niños corran por la pista’”, escribió la ACLU. Pero el 19 de octubre, un enjambre de 200 agentes de la ley inundó la propiedad.
“Vestidos con equipo militarizado y rostros cubiertos, apuntaron sus armas y gritaron órdenes a familias asustadas”, escribió la ACLU.
Elementos de distintas agencias participaron en la redada, entre ellas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el FBI, la Policía Estatal de Idaho, así como la policía local y del condado.
“Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos comprometidos a seguir el proceso legal con integridad y profesionalismo”, dijo el alcalde de Nampa, Rick Hogaboam. La ciudad y el jefe de policía de Nampa aparecen como demandados. El FBI y el Departamento de Policía del condado de Canyon se negaron a comentar. Otros demandados no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.
Poco después de la redada, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que “El ICE desmanteló una operación ilegal de carreras de caballos, peleas de animales y juego”. Sin embargo, en los documentos judiciales no se mencionan peleas de animales y la pista tenía una licencia de carreras de caballos. McLaughlin agregó más tarde que el ICE no ató ni arrestó a menores.
ACLU: Los agentes trataron a los latinos peor que a los blancos
Algunos de los agentes usaron epítetos raciales contra los latinos y emplearon una mayor fuerza contra las personas que percibían como latinas que contra detenidos que parecían ser blancos, afirmó Jenn Rolnick Borchetta, abogada de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles.
A algunos de los detenidos se les amarró con bridas tan apretadas que sufrieron cortes en la piel o sus manos quedaron entumecidas. A otros se les negó el acceso al baño, obligándolos a orinar a la vista de otros detenidos y de la policía, declaró la demanda.
“Nunca he visto tanta evidencia directa de discriminación racial y étnica como en este caso”, aseguró Borchetta.
Cinco familias entrevistadas por The Associated Press después de la redada dijeron que los agentes ataron con bridas de plástico a niños de tan solo 11 años, y varios menores fueron separados de sus familiares durante horas. Juana Rodríguez, una de las principales demandantes, dijo a la AP en octubre que estuvo atada de manos con bridas durante casi cuatro horas, por lo que no pudo cargar ni cuidar a su hijo de 3 años.
Ninguna de las familias fue interrogada sobre apuestas ilegales, y finalmente, todas fueron liberadas después de demostrar que eran ciudadanos o residentes permanentes legales. Quieren que un juez federal otorgue a la demanda estatus colectivo a nombre de otros residentes legales que también fueron detenidos, y que declare que las agencias de aplicación de la ley violaron la ley federal y los derechos constitucionales de los detenidos. También buscan una compensación por daños por una cantidad a determinar durante el juicio.
Las familias afirman que se conspiró para violar los derechos civiles
La demanda se basa en las protecciones establecidas en la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones sin fundamentos, la promesa de la 14ta Enmienda de protección igualitaria, y tres leyes federales creadas después de la Guerra Civil para combatir una campaña de violencia contra la población negra.
La Sección 1983 le otorga a los individuos el derecho a demandar a empleados del gobierno estatal y local por violaciones a los derechos civiles. La Sección 1985 hace ilegal que dos o más personas conspiren para interferir con los derechos civiles de alguien, y la Sección 1986 establece que se puede responsabilizar a un individuo por daños si está al tanto de una conspiración para violar los derechos civiles y no hace algo para detener el acto ilícito, a pesar de tener el poder de hacerlo.
“Quiero ser claro sobre lo que fue esto: Un plan coordinado del gobierno para usar una orden de arresto para encubrir discriminación racial a gran escala”, dijo Paul Carlos Southwick, director legal de la ACLU de Idaho. “El verdadero objetivo era deportar a cientos de personas inocentes, sin importar el costo humano, mientras se sembraba el terror en toda la comunidad latina”.
__
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
