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Por SONIA PÉREZ D.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tras más de 12 horas de discusiones, el Congreso de Guatemala reeligió en la madrugada del viernes a un cuestionado magistrado para la Corte de Constitucionalidad, en medio de denuncias de presuntas presiones por parte de la embajada de Estados Unidos en el país a su favor.

Con 100 votos a favor, 44 en contra y 16 ausentes, los legisladores reeligieron a Roberto Molina Barreto para cinco años más en el cargo. El magistrado estaba cuestionado por favorecer con sus fallos —que son públicos— a narcotraficantes y pandilleros, y por anular en 2013 la condena a 80 años de prisión por genocidio al exdictador José Efraín Ríos Montt. En 2019, fue candidato a la vicepresidencia con Zury Ríos, hija de Ríos Montt.

Molina Barreto contaba con el apoyo de parte del sector empresarial y de la oposición.

El jueves por la mañana, el presidente del país, Bernardo Arévalo, llamó a los diputados a votar libremente y sin “presiones externas”.

“En nombre de la unidad nacional que represento, hago un llamado a los diputados del Congreso sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano, voten con conciencia, libertad, sentido de dignidad, rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia, voten para formar una nueva CC (Corte de Constitucionalidad) que sea íntegra y que vele por la dignidad de toda Guatemala”, dijo Arévalo en un mensaje a la prensa desde el Palacio Nacional.

Ante las informaciones sobre presuntas presiones, la embajada de Estados Unidos citó el martes en su cuenta oficial de X a John Barrett, nuevo encargado de negocios de la sede diplomática, diciendo que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.

Este año se renuevan los 10 magistrados titulares y suplentes de la CC, el titular de la Fiscalía General, cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La sesión del jueves en el Congreso se tornó tensa por momentos hasta el punto de que se produjeron empujones y agresiones verbales entre diputados.

Varias organizaciones civiles se habían sumado al rechazo a la elección de Molina Barreto y de otros magistrados en activo y convocaron protestas.

José Santos, una autoridad indígena, dijo a periodistas en el exterior del Congreso que presentaron una carta al Legislativo para pedir que no se reelija a Molina Barreto.

“Ha hecho mucho daño con sus fallos jurídicos”, manifestó.

La Corte de Constitucionalidad es el tribunal de última instancia y sus decisiones son inapelables. No tiene un mecanismo de control.

Según la Constitución, los candidatos a integrarla deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema, del Congreso, de la USAC y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.