Associated Press
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una organización sin fines de lucro dijo en un informe que ha identificado “algunos patrones de acoso y hostigamiento” desde las redes sociales para intimidar, criminalizar y silenciar a críticos, defensores de derechos humanos y activistas en Guatemala.
El grupo Global Witnees, con sede en Londres, presentó el miércoles el reporte titulado “El uso de las redes sociales como arma. Difamación y criminalización de personas defensoras del territorio y la democracia en Guatemala”, el cual logró armar tras reuniones recientes con activistas y defensores de derechos humanos.
El reporte señala que se han utilizado cuentas anónimas que incluso han tenido acceso a información privilegiada de instituciones judiciales como la Fiscalía General liderada por Consuelo Porras, en el centro de los cuestionamientos en los últimos años, para atacar a los activistas. Aunque el documento afirma que desde “poderosas redes” del Estado y élites políticas se realizan esas prácticas, no menciona otras instituciones ni personas. En esas prácticas se han utilizado cuentas desde las plataformas de Facebook, TikTok y X, agrega.
Uno de los líderes entrevistados por la organización para su informe es Luis Pacheco, dirigente indígena que participó en 2023 en protestas contra Porras pidiendo su renuncia por intentar bloquear la toma del poder del entonces presidente electo Bernardo Arévalo. Tras lograr asumir el poder la fiscalía detuvo a Pacheco y a su colega Héctor Chaclán acusándolos por presuntos actos de terrorismo.
El grupo dice que durante el arresto y proceso de ambos líderes recopiló información sobre cómo desde algunas cuentas en X, Facebook y TikTok se habría montado una campaña de desinformación señalando a los activistas de cometer actos terroristas y obstruir la justicia.
La organización se refirió a una cuenta anónima en particular en X llamada “¡Yes, Master!”.
“Varias investigaciones han demostrado que, en repetidas ocasiones, ¡Yes, Master! se ha anticipado a y ha divulgado información confidencial del Ministerio Público, lo que apunta a una coordinación deliberada entre la criminalización por parte del MP y las campañas de desprestigio orquestadas desde cuentas de redes sociales”, subraya la organización.
La fiscalía dijo en un mensaje de Whatsapp a The Associated Press que “rechazaba categóricamente” cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución “con supuestas campañas de desinformación o con procesos de estigmatización contra personas, líderes comunitarios o defensores del territorio”.
“El Ministerio Público no participa, promueve ni respalda acciones de comunicación o difusión de información que tengan como propósito desacreditar, criminalizar o estigmatizar a persona alguna”, señaló la institución.
Porras ha sido sancionada por más de 40 países incluidos Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia en el país centroamericano y obstaculizar la lucha anticorrupción.
La organización también asegura que las plataformas de redes sociales muestran “incapacidad” para detener el uso de sus sitios en ese tipo de prácticas.
