The Associated Press
TEGUCIGALPA (AP) — El Congreso de Honduras interpeló el martes al suspendido fiscal general Johel Zelaya sobre presuntas actuaciones inconstitucionales y negligencia ligadas con las elecciones de noviembre de 2025.
Zelaya compareció ante una comisión legislativa conformada por varios diputados que buscan determinar su responsabilidad en los presuntos delitos en los que habría incurrido durante el proceso electoral.
El Congreso aprobó la víspera someter a juicio político a Zelaya y suspenderlo mientras avanza la investigación. En su reemplazo fue designado de forma provisional el fiscal adjunto Marcio Cabañas.
El Parlamento detalló que desde que se creó la figura del juicio político en 2013, “Zelaya es el primer alto funcionario en ser suspendido en Honduras para afrontar ese proceso”.
Zelaya respondió durante casi cuatro horas todas las preguntas que le formularon los integrantes de la comisión especial legislativa. Se le consultó, entre otras cosas, si utilizó el Ministerio Público para favorecer intereses políticos y si hubo persecución contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). En ambos casos negó los señalamientos.
“Yo luché para que hubieran elecciones, lo saben las agencias internacionales y jamás hubiese decidido destruir las elecciones a pesar de las presiones que tuve”, declaró Zelaya. “Sé que la decisión (para destituirlo) ya está tomada y venir aquí es una situación de protocolo y ustedes lo saben”, agregó.
Negó, además, que haya sido selectivo en su rol de fiscal. “Se presentaron requerimientos fiscales a personas de todos los partidos políticos, las investigaciones ahí están, pero lógicamente se satanizó al fiscal general”, manifestó.
El juicio político contra Zelaya está vinculado con la persecución a las autoridades del CNE durante los comicios del 28 de noviembre de 2025.
En medio del proceso la fiscalía abrió una investigación y presentó una serie de audios que vinculaban a dos consejeras con una supuesta trama para cometer fraude electoral.
“En el desempeño de su cargo y en especial durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección superior del Fiscal General de la República, desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral”, dice la denuncia parlamentaria.
El documento fue admitido por la Asamblea Legislativa, sometido a votación y aprobado por 93 de los 128 diputados.
El lunes el expresidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado en un golpe de Estado en 2009, y la excandidata presidencial Rixi Moncada llegaron a las inmediaciones del Congreso con un grupo de partidarios a protestar contra el juicio político.
La votación presidencial estuvo marcada por un lento escrutinio que duró casi un mes y denuncias de fraude por parte del partido oficialista.
El abogado constitucionalista Luis Romero dijo a The Associated Press que para que Zelaya sea destituido del cargo el juicio político debe ser sometido a votación y debe obtener la mayoría calificada en el Congreso, es decir, 86 votos a favor.
El juicio político consta de dos etapas, la investigativa y la votación, que durará hasta cinco días contados desde la presentación del informe al pleno por parte de la comisión especial.
