CHICAGO– Las políticas de detención para indocumentados en el Condado de Cook no cambiarán a pesar de la nueva iniciativa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) propuso implementar durante una reunión a puerta cerrada el jueves, indicaron funcionarios del Condado de Cook, tras participar en ella junto con representantes de grupos comunitarios pro-inmigrantes.
“Les comunicamos que en el Condado de Cook nos sentimos muy cómodos y satisfechos con la política que tenemos, con la protección que todas las personas reciben y con el proceso cuando (una persona) es detenida por la Policía o está en la custodia del Alguacil”, comentó el comisionado del Condado de Cook, Jesus “Chuy” García (D-7), quien fue uno de los participantes.
El nuevo “Programa de Ejecución Prioritaria” (PEP), fue propuesto en noviembre de 2014, para reemplazar al controvertido programa “Comunidades Seguras”, el cual comparte información biométrica que agencias policiales locales registran-como huellas digitales-con ICE, para que pueda revisar el estado migratorio de los detenidos.
En un memorándum de 2014, Jeh Johnson, director del Departamento de Homeland Security, indica que PEP usará muchos de los mecanismos que se le criticaron a Comunidades Seguras.
Ya que todavía se pedirá que las agencias policiales compartan información biométrica con ICE y también el uso de “detainers”, las solicitudes que ICE hace a las agencias policiales para retener inmigrantes encarcelados que han sido condenado por algún crimen aunque hayan cumplido sus sentencias, mientras examinan su estatus migratorio, para determinar si ICE lo toma bajo custodia o no.
Sin embargo el PEP se enfocará en “asegurar que ICE tome en custodia a criminales peligrosos, antes de que sean liberados en nuestras comunidades”, se enfoca en las personas que son “prioridad para deportación”, según explicó la oficina de ICE en Chicago.
ICE define a los indocumentados de “alta prioridad” para deportación a aquellos que “ponen en peligro la seguridad nacional”, los “involucrados en el terrorismo”, los “condenados de felonías” y los “condenados de un delito que involucra organización con pandillas”.
Otros grupos de prioridad (más baja) incluye los que han recibido una “última orden de deportación después del 1 de enero de 2014” y los “condenados de tres o más delitos de menor importancia”.
Para reemplazar el uso prevalente de “detainers” ICE informó que el nuevo programa pide que la agencia policial que recibe a la persona le informe a ICE por lo menos 48 horas antes de ponerla en libertad cuando se sospeche que es una “prioridad para deportación” para que ICE lo investigue sin retenerlo.
La nueva política también pone un límite en las retenciones, que ahora tienen un margen de 48 horas después que la persona debía ser liberada.
En ambos casos, para recibir dicha información o causar una detención, ICE debe especificar qué riesgo público representa la persona, y debe demostrar los motivos razonables y fundados por los cuales se debe detener a la persona por más tiempo del estipulado por su sentencia.
Sin embargo, aunque el PEP ha intentado cambiar las políticas más controvertidas de su predecesor, el comisionado García indicó que mantiene su dudas.
“Tenemos inquietudes en cuando las tres áreas de la cuestión constitucional [alrededor de las retenciones y la información biométrica], la cuestión de proteger al Condado en contra de demandas, y finalmente que si colaboramos con la agencia que esto tiende a dañar a deteriorar o romper completamente la relación de confianza entre la comunidad inmigrante y las agencias policiales”, dijo García.
Por ahora, no habrá “ningún cambio” en el Condado, indicó García. Las agencias policiales no van a compartir información biométrica con ICE, y no retendrán ni entregarán indocumentados a ICE.
“Tenemos la confianza de que estamos cumpliendo con la Constitución y con la ley y que estamos en un terreno sólido legal y moralmente”, dijo García. “Por esta razón más de 350 localidades y estados siguieron nuestro ejemplo”.
“Todo esto está enraizado en la inhabilidad, la incapacidad, la falta de voluntad política del Congreso en tomar acción respecto a una reforma migratoria”, añadió.
Por su parte grupos comunitarios pro-inmigrantes expresaron que, mientras el nuevo programa no esté implementado con políticas definidas, representa la misma amenaza que Comunidades Seguras.
“Nos dijeron que (Comunidades Seguras) se iba a implementar y que iba a deportar solo a los más malos de la sociedad, y dijimos pues esto está bien”, contó Artemio Arreola, director de asuntos políticos de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), una coalición de grupos pro-inmigrante que estuvo presente durante la reunión del jueves. “Pero resultó en más de dos millones de deportaciones, entonces es difícil que podamos confiar plenamente en un nuevo programa en el que colabora la Policía y el Departamento de Inmigración”, señaló Arreola.
Esa confianza entre la ciudadanía (y la Policía) es importante para que la gente, “tenga confianza para poder denunciar todos los crímenes que vea y tenga la seguridad de que no va a entrar en un proceso de deportación”, añadió Arreola.
Al abordar el mismo problema, un grupo de trabajo liderado por el concejal Carlos Ramírez-Rosa (D-35), solicitó el martes 18 de agosto una ordenanza para que por ley la Policía de Chicago no acceda a retenciones que el Condado a su vez rechaza.
Un estudio de 2014, por Thomas Miles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, y Adam Cox de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, titulado “Does Immigration Enforcement Reduce Crime?” encontró que mientras estuvo en efecto “el programa ‘Secure Communities,’ que usaba medidas parecidas a las de PEP con el mismo objetivo de enfocarse en la deportación de indocumentados criminales, éste no redujo la tasa de crimen, ni de crímenes violentos”.
