BOSTON (AP) – Luego que una casera fuese convicta de empujar a su inquilina musulmana escaleras abajo, un juez le ordenó respetar los derechos de los musulmanes y tomar un curso introductorio sobre el islam. Ahora, la corte suprema de Massachusetts considerará un pedido de que determine si la orden viola los derechos constitucionales de la casera.
La Corte Suprema Judicial escuchará argumentos en un caso que presenta interesantes interrogantes legales en un momento en que el país lidia con reacciones antiislámicas luego de ataques letales en París y California por extremistas musulmanes.
La causa se centra en la casera Daisy Obi, una ministra cristiana de 73 años oriunda de Nigeria que es la pastora en el Adonai Bible Center, al norte de Boston. En abril del 2012, Obi le alquiló un apartamento en su edificio a Gihan Suliman, su esposo y cinco hijos.
Suliman se quejó de problemas ocasionales con la electricidad y el agua, mientras que Obi se quejó de que Suliman parecía tener de 12 a 15 personas viviendo en el apartamento en algún momento.
Suliman declaró ante la corte que aproximadamente un mes después de que ella se mudó, Obi se paró afuera del apartamento gritando insultos anti musulmanes.
El mes siguiente, dice Suliman que cuando ella sacaba a su bebé del auto, Obi le gritó insultos antimusulmanes a sus otros niños. Entonces, un mes más tarde, de acuerdo con Suliman, Obie la acusó de tocar el timbre de su apartamento, le gritó y la empujó. Suliman dijo que se cayó de espaldas unos 20 escalones y se golpeó el rostro con la baranda, sufriendo cortaduras en un labio y un desgarro en un ligamento del hombro.
Al sentenciar a Obi el año pasado, el juez Paul Yee Jr. la llamó “una casera infernal” tras apuntar que ella tenía órdenes de prevención de hostigamiento emitidas contra ella por pedidos de otros dos inquilinos.
Yee sentenció a Obi a dos años de prisión por el cargo de agresión por empujar a Suliman, pero le requirió solamente que cumpliese seis meses, con los 18 meses restantes suspendidos si ella cumplía con ciertas condiciones de libertad condicional, incluyendo aprender sobre el islam.
“Quiero que entienda a las personas de la fe musulmana y que tienen que ser respetadas”, dijo el juez.
El abogado de Obi dice que ese requerimiento es “una carga sobre el derecho de la señora Obi de ejercer su libertad religiosa” y que el gobierno “no puede forzar a nadie a participar en religión o su ejercicio”.
La fiscalía dijo en su argumento ante la corte suprema que la orden de tomar un curso sobre el islam no es coerción porque no requiere que Obi adopte una práctica religiosa ni participe en un servicio musulmán, sino que meramente se eduque sobre la religión.
