SANTIAGO, Chile (AP) – Un conscripto chileno confesó que ejecutó a 10 personas de un tiro en la cabeza y luego dinamitó sus cuerpos para no dejar rastro de su existencia. Otro dijo que la patrulla militar a la que pertenecía roció con gasolina a dos adolescentes y los quemó vivos.
Ambas confesiones, hechas públicamente este año, tienen a los chilenos sorprendidos con los detalles de los crímenes cometidos durante la sangrienta dictadura (1973-1990) que cambió la historia del país. Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas creen que las confesiones indican la existencia de un pacto de silencio entre los militares sobre muchas de las atrocidades cometidas durante el régimen del general Augusto Pinochet, y que finalmente pueden salir a la luz pública.
“Siento que por fin se está rompiendo porque los criminales ya no aguantan más”, dijo a The Associated Press Verónica de Negri, madre del joven Rodrigo Rojas, que murió quemado vivo en 1986 cuando tenía 19 años. “Fíjate en el último, quienes realmente están rompiendo son todos hombres jóvenes que fueron obligados a cometer crímenes. Van a seguir cayendo, esto es como un dominó”.
Durante casi tres décadas, muchos de los autores de estas masacres han gozado de impunidad. Pero después de que un exsoldado testificara en julio sobre el asesinato de Rojas, un juez acusó a siete exmilitares del crimen en el que también resultó gravemente quemada Carmen Quintana, entonces adolescente.
La última y sorpresiva confesión llegó a principios de diciembre: sucedió durante un programa de radio que, por lo general, se centra en anécdotas personales, algunas humorísticas, otras sobre asuntos del corazón y unas más serias.
Al aire y haciéndose llamar simplemente “Alberto”, un conscripto llamó y dijo que quería contarle a la audiencia su historia de amor. Pero, a renglón seguido, narró una historia mucho más oscura. Dijo que era veterano del ejército y que se llevó a varias personas al desierto, les disparó en la cabeza y voló sus cuerpos a punta de dinamita.
“Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y ‘paf’ no quedaba ni la sombra”, dijo quien luego fue identificado como el recluta Guillermo Reyes Rammsy, ahora de 62 años, al programa ‘Chacotero sentimental’, de radio Corazón. “Ni siquiera su sombra se quedó”.
En su testimonio radial, que se extendió por 25 minutos, dijo que tras el golpe militar de 1973 se convirtió en francotirador y que cumplía órdenes superiores y admitió al menos 18 asesinatos.
También reconoció que aunque recibía órdenes, le gustó eso de matar.
“Uno actuaba por maldad y después cachabas (entendías) que te gustaba y te volvías loco”, dijo. “Luchabas contra ese sentimiento”.
Días después de revelar el secreto con el que vivió durante 42 años Reyes fue detenido por orden del juez Mario Carroza, que investiga crímenes de lesa humanidad, y quedó bajo arresto domiciliario. La AP intentó contactar a Reyes Rammsy pero no fue posible.
El psicólogo Giorgio Agostini dijo que después de tanto tiempo hay “personas que están con un sentimiento complicado de culpa y quieren de alguna manera liberarse. Y el hecho de hablarlo, y en este caso de hacerlo público, les provoca una liberación”.
Muchos conscriptos están dispuestos a contar las atrocidades en las que participaron cuando tenían unos 18 años y cómo el ejército chileno, que los reclutó obligatoriamente, se transformó en una fuerza de ocupación y exterminio al mando de Pinochet.
También podrían convertirse en la llave para abrir la puerta que permita saber dónde están cientos de desaparecidos y darían los nombres de los oficiales que participaron u ordenaron los crímenes, dijo a la AP Fernando Mellado, líder de un grupo organizado de conscriptos.
Los familiares de las víctimas de la dictadura también esperan que otros reclutas hablen mientras activistas de derechos humanos critican lo que consideran una inefectiva acción del gobierno de Michelle Bachelet en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
El gobierno respondió en diciembre con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entre sus tareas tendrá establecer políticas públicas sobre las víctimas de la dictadura.
Pero la madre de Rojas, cuyo hijo murió incinerado, dijo que cuando descubrió en una estación del metro de Santiago un mural en homenaje a los jóvenes quemados concluyó que el gobierno “no quiere… no tiene la más mínima intención de hacer justicia”.
Otro camino alternativo está en manos de la justicia, que podría aceptar el ofrecimiento de los conscriptos de decir la verdad a cambio de sentencias cortas que puedan cumplirse en libertad, como las que han disfrutado centenares de militares.
“Hoy día hay gente que está dispuesta a hablar, pero cuál es el temor, justamente lo que le pasó a Guillermo Reyes”, dijo Mellado en referencia al conscripto que confesó en la radio.
“Si el Estado me libera de responsabilidad… yo creo que lo vamos a hacer (hablar) sin ningún problema, porque los responsables no somos nosotros”, añadió Mellado. Cuando el golpe de Estado ocurrió “éramos niños que fuimos brutalmente avasallados, para simplemente convertirnos en autómatas y hacer lo que se nos ordenaba”.
Pero los conscriptos, además, alegan que son víctimas de militares de alto rango.
