BUENOS AIRES (AP) – El fiscal Alberto Nisman fue recordado el lunes a un año de su muerte sin que se sepa aún si el investigador, que fue artífice de un terremoto político durante el último año de gobierno de la presidenta Cristina Fernández, fue asesinado o se suicidó.
Nisman fue homenajeado por organizaciones de la comunidad judía en una plaza de Buenos Aires y en otras del país. Los actos, a los que fue convocada toda la sociedad argentina, incluyeron marchas en la capital del país, Córdoba, Paraná y San Luis.
La vicepresidenta Gabriela Michetti y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asistieron con autoridades locales a la ceremonia en Buenos Aires.
Los organizadores leyeron una carta escrita por las hijas de Nisman, Iara y Kala, que se reunieron el fin de semana con el presidente Mauricio Macri en la residencia privada del mandatario.
Las hijas de Nisman no asistieron al acto en Buenos Aires, pero la madre del difunto fiscal, Sara Garfunkel, sí lo hizo, junto con centenares de personas que gritaban a coro “¡queremos justicia!”
Un año atrás el investigador del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires horas antes de presentarse ante el Congreso para fundamentar la denuncia que había presentado cuatro días antes contra Fernández por el supuesto encubrimiento de ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes imputados por ese ataque.
Durante la ceremonia del lunes en Buenos Aires, Bullrich dijo a la prensa que las leyes del país permiten enjuiciar a acusados en ausencia.
Ricardo Sáenz, compañero fiscal de Nisman, dijo durante la ceremonia que mantener la vigencia de las órdenes internacionales de captura es “esencial” para resolver el atentado contra la AMIA en el que murieron 85 personas.
La acusación contra la mandataria (2007-2015) terminó siendo desestimada en distintas instancias judiciales.
Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad del gobierno de Macri reiteraron el 18 de diciembre el interés de Argentina de que se mantengan vigentes las órdenes internacionales de arresto a cargo de la Interpol en contra de tres iraníes a los que se acusa de estar involucrados en el atentado contra la AMIA.
En el edificio del centro israelí se exhibe una foto de Nisman al lado de una vela encendida. La mutual judía dijo reconocer así el trabajo del fiscal que estuvo 10 años al frente de la investigación del ataque que causó 85 muertos y por el que todavía no hay condenados.
La muerte de Nisman generó un gran impacto en la sociedad y recrudeció el enfrentamiento entre Fernández y la oposición, que acusó al gobierno de haber abandonado a su suerte al fiscal y no tener voluntad para que se esclareciera su muerte.
El presidente Macri, sucesor de Fernández, se ha mostrado dispuesto a que avance la investigación del deceso. El ministro de Justicia Germán Garavano prometió el lunes que el gobierno colaborará con los jueces “para lograr las respuestas que la familia y la sociedad reclaman”.
El ministro de Ambiente Sergio Bergman, de confesión judía, opinó por su parte que Nisman fue asesinado “por investigar y denunciar”, en una columna publicada en el portal informativo Infobae.
Fernández siempre negó las acusaciones de Nisman y señaló que detrás de ellas y de la muerte del fiscal estuvieron ex miembros de los servicios secretos de Argentina.
Los familiares y allegados de Nisman sostienen que la causa judicial que investiga la muerte estuvo plagada de irregularidades.
La jueza Fabiana Palmaghini tomó el caso en diciembre y deberá recibir en los próximos días toda la información sobre la muerte del fiscal que varias dependencias del Estado han sido conminadas a desclasificar por el gobierno de Macri. Además tiene previstas decenas de medidas de prueba.
La ex pareja de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo, está convencida de que su ex marido fue asesinado y apunta a servicios de inteligencia extranjeros “con ayuda local”.
Diego Lagomarsino, un informático que trabajaba para Nisman, es el único imputado hasta ahora por haber suministrado al fiscal el arma que lo mató, sin ser involucrado directamente en su muerte. El técnico declaró que el fiscal le había pedido el arma porque temía por su vida. El lunes dijo al sitio web “Diez sudacas” que “todo indica” que el funcionario judicial “estaba solo cuando murió”, aunque apuntó que “si se suicidó, hay que ver si lo hizo porque quiso o porque lo obligaron”.
Manuel Romero Victorica, abogado de las dos hijas del fiscal, dijo a The Associated Press que “hay pruebas suficientes” para sostener la hipótesis del asesinato.
El abogado recordó que varias pruebas periciales realizadas a la pistola calibre 22 que se encontró junto al cadáver indicaron que el arma deja residuos de disparos, los cuales no fueron detectados en las manos del fiscal, con lo que concluyó que “él no la disparó”. Señaló además que el investigador era un hombre amenazado cuya computadora fue manipulada.
