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El presidente Donald Trump en el National Mall de Washington, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente Donald Trump en el National Mall de Washington, el 24 de junio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
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Por MICHAEL CASEY

BOSTON (AP) — Una jueza federal detuvo el jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba crear una lista federal de votantes y limitar quién puede recibir una boleta por correo.

La jueza Indira Talwani, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, dio la razón a una coalición de casi dos docenas de estados que impugnó la orden del mandatario al conceder un fallo sumario. Su decisión se aplica al ciclo electoral de las elecciones de medio mandato de este año.

Los demandantes sostuvieron en dos demandas, ambas presentadas ante un tribunal federal en Boston, que la orden de Trump debía declararse inconstitucional porque los estados y el Congreso, y no el presidente, tienen la facultad de fijar las reglas electorales. La jueza coincidió y señaló en su resolución que las disposiciones de la orden de Trump “violan inconstitucionalmente la separación de poderes”.

Fue la segunda decisión en igual número de días contra órdenes ejecutivas que Trump ha firmado buscando supervisión de las elecciones del país. Un fallo separado el miércoles prohibió una orden ejecutiva que había firmado el año pasado y que habría exigido a las personas mostrar documentos que probaran su ciudadanía al registrarse para votar.

El gobierno, en sus mociones para desestimar las demandas que impugnan la orden que busca establecer una lista federal de votantes, argumentó que las mociones son prematuras y que los demandantes carecían de base legal para presentar su reclamación con fundamento en la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula cómo las agencias federales elaboran y emiten reglamentos.

Pero en una orden provisional previa al fallo del jueves, Talwani indicó que las mociones relacionadas con el ciclo electoral de este año eran pertinentes: “A la luz de los plazos específicos de la orden ejecutiva durante los próximos tres meses, y de la realidad de que se celebrarán elecciones a lo largo de este periodo, con las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026 ocurriendo en apenas cinco meses, posponer la revisión judicial es impracticable y puede infligir una dificultad significativa a los demandantes”, escribió. Esa orden rechazó la moción del gobierno de Trump para desestimar las impugnaciones.

La orden ejecutiva de Trump, la segunda dirigida a las elecciones durante su segundo mandato, llega mientras continúa denunciando que hay que cambiar las reglas electorales porque hay una votación generalizada por parte de no ciudadanos. Pero los estados ya cuentan con procesos detallados para proteger sus padrones electorales, y se ha demostrado que la votación de no ciudadanos es poco frecuente. Además, es un delito grave que puede castigarse con deportación.

Trump emitió su segunda orden en marzo después de que un proyecto que respaldaba para reformar el sistema de votación se estancara en el Congreso. La orden habría hecho que el gobierno federal creara una lista de votantes habilitados y luego instruyera al Servicio Postal a entregar boletas por correo solo a quienes figuraran en la lista. Funcionarios electorales advirtieron que era propensa a abusos y podría causar caos, y el sindicato postal se ha opuesto a la idea de que los carteros vigilen las boletas.

El Servicio Postal ha publicado en el Registro Federal una norma propuesta exigida por la orden ejecutiva de Trump. Entre otras cosas, la norma no se aplicaría a las elecciones primarias ni a las boletas del extranjero.

La demanda que solicitaba el fallo sumario fue presentada por fiscales generales demócratas que representan a 22 estados y al Distrito de Columbia. También se sumaron abogados que representan al gobernador demócrata Josh Shapiro, de Pensilvania, que tiene un fiscal general republicano.

Los estados también dijeron al tribunal que la medida impone una carga costosa a los funcionarios electorales para cumplirla y que sembraría temor sobre la posibilidad de ser procesados. Stephen Pezzi, abogado del gobierno de Trump, había sostenido que nadie sería procesado por violar la orden.

En una demanda separada presentada contra la orden ejecutiva, un juez federal en Washington coincidió en mayo con el gobierno de Trump en que era demasiado pronto para bloquear la orden porque aún no se había implementado. Esa demanda fue presentada por grupos demócratas y de derechos civiles, que han apelado.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado falsamente que el voto por correo está plagado de fraude y ha lanzado una investigación federal sobre la votación de ese año, aunque auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que no hubo fraude generalizado. Trump también ha dicho que quiere “tomar el control” de la administración electoral en zonas demócratas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.