San Juan –
Un legislador puertorriqueño reclamó que se impulse su propuesta de que el Departamento de Asuntos al Consumidor (Daco) de la isla pueda multar a los comercios que no implementen planes adecuados de control y seguridad durante la llamada “venta del madrugador” o “viernes negro”.
El representante Jorge Navarro Suárez, del opositor Partido Nuevo Progresista, urgió este lunes a la Legislatura a que apruebe el Proyecto de la Cámara 407 que ya presentó él mismo hace tiempo.
Esta medida tiene como propósito facultar al Daco para que establezca normas que ayuden a mantener el orden en los negocios que operen en la madrugada siguiente al Día de Acción de Gracias.
El reclamo de que se acelere su aprobación responde a los altercados ocurridos el pasado viernes en algunos establecimientos de Puerto Rico, donde hubo enormes acumulaciones de personas e incluso tumultos para entrar cuanto antes y aprovechar las ofertas de las tiendas, aunque no se registraron incidentes graves.
En el Walmart de Mayagüez (oeste) se calcula que unas cuatro mil personas se dieron cita desde el jueves a la espera de que a media noche se abrieran sus puertas, momento en el que la masa de gente logró derribar la barrera establecida por la policía y entrar a la carrera en el establecimiento.
Ello degeneró en un mar de empujones, gritos, insultos y peleas recogido por las cámaras de seguridad y de medios locales, que mostraban incluso agresiones entre clientes para arrebatarse entre ellos algunos de los productos más demandados, especialmente televisores.
Hubo quien se llevó hasta cuatro televisores de una vez tras luchar contra otros consumidores que querían arrebatárselos.
“Es inaceptable que mientras vemos las imágenes tan preocupantes de miles de consumidores que vieron su seguridad expuesta por los planes de seguridad totalmente inadecuados de algunos comercios, nuestra medida esté durmiendo el sueño de los justos en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor”, dijo Navarro Suárez.
El legislador detalló que actualmente el Daco no tiene poder de ley para obligar a los comercios a implantar un plan de seguridad para controlar las multitudes, sino que su jurisdicción se ciñe a la reglamentación de los artículos en venta
