Por Cristina Zabalaga
WASHINGTON – Ante la crisis que enfrenta el sistema penitenciario, con cárceles abarrotadas y un presupuesto insostenible, se despliegan medidas innovadoras promovidas por el gobierno del presidente Barack Obama a favor de conmutar las sentencias de los presos sin antecedentes de violencia.
Con el fin de abaratar los costes y promover un sistema judicial más justo para aquellos condenados por ofensas leves, relacionados con el consumo de drogas en su mayoría, el Departamento de Justicia respaldó en abril la iniciativa denominada “Clemency Project 2014”.
La medida retroactiva pretende reducir las desigualdades en el acceso a la justicia y favorecer a las minorías, además de hacer énfasis en la prevención de delitos, evitar la reincidencia y favorecer la reintegración de los reos en la sociedad.
“Trabajamos a favor de reunir a las familias, reducir las desigualdades y dar esperanza a los reclusos que lleven más de diez años en prisión por ofensas leves”, aseguró Cynthia Roseberry, coordinadora de la iniciativa de clemencia.
Con tan sólo el 5% de la población, Estados Unidos está a la cabeza de la población reclusa a nivel mundial, pues alberga a la cuarta parte.
Desde que se puso en marcha, “Clemency Project 2014” ha convocado en sólo cuatro meses a más de 20 firmas y a 1,000 abogados “voluntarios” que han ofrecido sus servicios gratuitos “pro bono” para analizar las peticiones de los 20,000 presos que hasta la fecha han solicitado que su sentencia sea conmutada.
Además de llevar más de diez años en prisión, entre los requisitos que se exigen para considerar la conmutación de una sentencia figuran la ausencia de lazos con organizaciones criminales, mostrar buena conducta y no tener antecedentes de violencia.
Con las cárceles atestadas y un volumen de presos que excede el 33% de su capacidad en prisiones de alta seguridad, se estima que 1.7 millones de niños tiene a uno de los padres en prisión.
“Se trata de equiparar el castigo al delito cometido y reducir las desigualdades tras el cambio de legislación en 2004”, dijo Emily Pierce, portavoz del Departamento de Justicia, cuando las sentencias por consumo de droga se redujeron como media de 40 a 15 años en ausencia de antecedentes violentos.
Desde 2009, Obama ha otorgado un total de 10 conmutaciones, de 13,718 pedidos de conmutación de sentencia recibidos por su administración.
Sin embargo, se estima que hasta el fin de su mandato, en enero de 2017, el número de conmutaciones que conceda la Casa Blanca “aumentará de manera significativa”, aseguró Pierce, con el impulso de medidas sin precedentes a favor de las minorías, como la citada “Clemency Project 2014”.
Asimismo, la semana pasada el secretario de Justicia, Eric Holder, manifestó que el sistema legal debe servir para “medir la justicia, no la riqueza de sus ciudadanos”, coincidiendo con el aniversario de la iniciativa “Smart on Crime”, lanzada en 2013 para promover “leyes más justas y eficientes”.
Con un presupuesto anual de 29,000 dólares por preso en las cárceles federales, las iniciativas a favor de disminuir la población reclusa pretenden promover mayor justicia además de abaratar los costes del sistema penitenciario, que representa el 25 % del presupuesto total del Departamento de Justicia.
En los últimos 30 años la población reclusa en el país aumentó 800%, con un total de 216,000 reos en prisiones federales, de los cuales la mitad cumplen sentencias por ofensas leves relacionadas con el consumo de drogas.
En este sentido, el fiscal general adjunto, James Cole, afirmó en abril tras respaldar la iniciativa de clemencia que la eficiencia del sistema judicial está estrechamente ligada a la percepción de justicia por parte de la población.
Haciéndose eco de la aseveración de Cole, Vanita Gupta, la directora adjunta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), precisó que “cuando la percepción de la justicia es positiva por parte de los ciudadanos, el sistema judicial de un país se beneficia al verse legitimado”.
Igualmente, Gupta afirmó que “las sentencias deben ser proporcionales a la ofensa cometida”; en materia de justicia “no puede existir una sola receta que sirva para todos los casos”.
“Las sentencias demasiado largas ponen en riesgo el bienestar de las comunidades, donde muchos niños crecen sin uno de sus padres”, aseguró Mike Riggs, portavoz de Families Against Mandatory Minimums (FAMM).
Riggs se refirió así al caso de Billy Ray Wheelock y Reynolds Wintersmith que, tras más de 20 años tras las rejas por posesión de crack en la década de 1990, sus penas impuestas de por vida en un un inicio fueron conmutadas y ahora abogan por “extender la clemencia a más presos y humanizar las sentencias”.
La iniciativa de clemencia que aboga por penas más justas para las ofensas leves, “sin poner en causa las sentencias otorgadas”, agrupa a varios colectivos, como la ACLU, la FAMM, los Defensores Federales, la Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas y la American Bar Association.
Las medidas encaminadas a disminuir las desigualdades del sistema penitenciario en el país también han sido promovidas por parte de la Cámara de Representantes, con la iniciativa lanzada el 24 de julio por el congresista republicano Paul Ryan, denominada “plan antipobreza”.
