En las casi tres semanas transcurridas desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe vs Wade, el aborto ha pasado a ser ilegal en al menos 10 estados, a los que seguirán otros en las próximas semanas.
Esto significa que los médicos y otros profesionales de la salud en esos estados ya no pueden hacer el procedimiento clínico o prescribir los medicamentos usados para interrumpir un embarazo prematuro.
Pero los defensores del derecho al aborto y el gobierno de Biden quieren que las personas que viven en los 26 estados con prohibiciones de aborto actuales o inminentes tengan otra opción: recibir los medicamentos para el aborto por correo después de consultar con un médico en otro estado o en el extranjero por teléfono o en línea.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó el medicamento abortivo mifepristona en 2000, considerándolo seguro y eficaz para abortar un embarazo. En 2016, FDA aprobó el medicamento para su uso en combinación con otro fármaco ampliamente usado, el misoprostol. En 2018, más de 3.7 millones de pacientes en Estados Unidos habían usado los medicamentos para interrumpir un embarazo temprano con mínimas complicaciones.
Cuando el 24 de junio el Tribunal Supremo anuló el derecho federal al aborto, de casi 50 años de antigüedad, el fiscal general Merrick Garland emitió un comunicado en el que decía: “Los estados no pueden prohibir la mifepristona basándose en el desacuerdo con el juicio de los expertos de FDA en cuanto a su seguridad y eficacia”.
Pero será difícil demostrar en los tribunales estatales y federales que la aprobación de FDA obliga a acceder a los medicamentos y se opone a las prohibiciones estatales del aborto, dijeron expertos legales de ambos lados de la cuestión en entrevistas y correos electrónicos con Stateline.
Se trata de una zona gris de la ley cuya resolución puede llevar años de complejas batallas legales, dijo Greer Donley, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh (Pitt). Los argumentos variarán en función de la ley estatal en cuestión, dijo.
Los argumentos de que algunas restricciones estatales al aborto con medicamentos son excesivas, como la exigencia de visitas médicas en persona cuando FDA solo requiere una consulta de telesalud, cuando pueden ser sencillas, dijo Donley. “Pero es mucho más atenuado y difícil argumentar que las amplias prohibiciones del aborto entran en conflicto con la política de FDA, ya que las prohibiciones están regulando la moralidad y FDA está regulando la seguridad y la eficacia”.
El hecho de que las mujeres de los estados que prohíben el aborto busquen píldoras fuera del estado y en el extranjero plantea otro dilema legal: la aplicación de la ley.
Si los tribunales federales permiten que entren en vigor las prohibiciones estatales de los medicamentos abortivos de venta por correo, los expertos legales predicen que las leyes serán difíciles de aplicar sin castigar a la paciente, algo que los opositores al aborto han evitado asiduamente durante décadas.
Cuando la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció en junio que trabajaría con los legisladores para prohibir las píldoras abortivas de venta por correo, insistió en que la paciente nunca debería ser castigada por buscar las píldoras. En cambio, el médico que infringe la ley a sabiendas debe ser procesado, dijo en una entrevista en Face the Nation de CBS News.
Algunos funcionarios probablemente querrían procesar a las mujeres, dijo David Cohen, profesor de derecho de la Universidad Drexel en Filadelfia. “Es difícil decirlo públicamente. Su posición ya es impopular, pero decir que quieren procesar a las mujeres es aún más impopular”.
No está claro cómo planean los estados que prohíben el aborto hacer cumplir las prohibiciones de los medicamentos para abortar por correo, especialmente cuando el único médico implicado está en el extranjero. Donley y otros expertos sugieren que una posibilidad es la disposición de aplicación por parte de los ciudadanos de Texas, que permite demandar a una persona que ayude a otra a obtener un aborto.
“Ha habido una línea clara de que las restricciones al aborto no deben castigar a las propias mujeres, sino sóolo a los proveedores y a quienes ayudan o instigan a abortar”, dijo Lawrence Gostin, profesor de la Facultad de Derecho en Georgetown especializado en derecho de salud. Pero cuando se trata del aborto con medicamentos, dijo, “esa línea bien puede cruzarse en las guerras culturales del aborto post-Roe”.
La semana pasada, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en la que le pide al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que garantice el acceso a las píldoras en todo el país, aunque no se han dado detalles concretos.
Desde que se anuló el caso Roe contra Wade, la gente cruza en masa las fronteras estatales para visitar a los médicos dispuestos a proporcionar un aborto clínico o un paquete de cinco píldoras para tomar en casa y ponerle fin a un embarazo, pero pocos proveedores están dispuestos a enviar píldoras por correo.
“Sería un eufemismo decir que los médicos de los estados en los que el aborto sigue siendo legal estarían en un terreno legal arriesgado si le enviaran las píldoras por correo a pacientes de estados que prohíben el aborto”, dijo Donley.
Por ello, la mayoría de las pacientes reciben los medicamentos para el aborto a través de una organización internacional llamada Aid Access, dirigida por la médica holandesa Rebecca Gomperts. Ella y un pequeño equipo de profesionales médicos consultan en línea a las pacientes estadounidenses y envían las píldoras desde una farmacia en la India.
Los opositores al aborto quieren ponerle fin a esa y otras fuentes en línea de medicamentos abortivos, calificándolas de lagunas en las prohibiciones estatales del aborto.
“La autoridad de FDA se limita a la seguridad y la eficacia,” dijo Clarke Forsythe, consejero principal de Americans United for Life, que se opone al aborto. “FDA no establece un juicio nacional o un juicio federal de que el aborto químico es una buena política pública que anula la ley estatal en sentido contrario”.
Para detener el flujo de medicamentos abortivos a través del correo, los opositores al aborto dicen que tienen la intención de criminalizar la posesión y el uso de las píldoras en los estados que prohíben el aborto, estableciendo lo que los expertos legales predicen que será una compleja serie de batallas judiciales que enfrentarán al gobierno federal contra los estados conservadores que pretenden abolir el aborto por cualquier medio.
Forsythe sugirió que, cuando los estados defiendan en los tribunales la prohibición del aborto con medicamentos, “es probable que lo hagan con el argumento de que prohíben la venta del medicamento basándose en la necesidad de salvar la vida del feto” y no necesariamente porque no estén de acuerdo con la decisión de FDA de que el medicamento es seguro y eficaz.
También argumentó que una reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) influirá en futuras demandas relacionadas con prohibiciones estatales del uso de medicamentos abortivos. La decisión del 30 de junio limitó específicamente la capacidad de EPA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas. Pero el fallo también podría afectar a la autoridad de FDA en materia de medicamentos abortivos, ya que el tribunal afirmó que las competencias de EPA como agencia federal se limitan a las que le asigna específicamente el Congreso.
Además de las batallas entre el gobierno federal y el estatal en lo que respecta a las píldoras abortivas, es probable que en los próximos meses y años se produzcan enfrentamientos entre los estados que protegen el derecho al aborto y los que lo prohíben, dijeron los expertos jurídicos.
Un puñado de estados en los que el aborto seguirá siendo legal, como California, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, tienen leyes que protegen a los proveedores de abortos de las investigaciones y demandas de otros estados. Pero, de acuerdo con Donley, ninguna de ellas protege específicamente a los médicos que deciden enviarle medicamentos para el aborto a habitantes de otros estados.
En 2020, los abortos con medicamentos representaban el 54 por ciento de todos los abortos en Estados Unidos, de acuerdo con Guttmacher Institute, que apoya el acceso al aborto.
Ninguna ley federal establece definitivamente que los dictámenes de FDA relacionados con la seguridad y la eficacia de los medicamentos prevalezcan sobre las leyes estatales. Una ley federal establece la supremacía de FDA sobre los estados cuando se trata de dispositivos médicos, pero no menciona los medicamentos. La preponderancia es implícita, dijo Donley.
En 2014, un tribunal federal determinó que Massachusetts no tenía autoridad para prohibir la venta de un analgésico opiáceo que, de acuerdo con el estado, era un peligro para la salud pública. Un tribunal de distrito de Estados Unidos dijo que, al imponer su propia conclusión sobre la seguridad y la eficacia del medicamento Zohydro, el estado estaba obstruyendo el cargo que FDA tiene por mandato constitucional.
El primer caso que probablemente arroje luz sobre la cuestión jurídica de si los estados pueden restringir o prohibir el medicamento aprobado por FDA se está ventilando en Misisipi. GenBioPro, que fabrica una versión genérica del medicamento mifepristona, presentó nuevos argumentos el 1 de julio en un caso iniciado en 2020.
La empresa con sede en Las Vegas argumentó originalmente que la ley de Mississippi que prohíbe las visitas de telesalud aprobadas por FDA para obtener una receta de mifepristona violaba la política federal.
En su nuevo escrito, la empresa argumentó que la ley estatal que penaliza todos los abortos creará un “conflicto mucho más directo y flagrante” con la agencia federal. Donley dijo que el juez del caso de Mississippi podría declarar el caso discutible, ya que ahora los estados pueden prohibir los abortos por completo.
Pero un abogado de GenBioPro le dijo a Politico que la compañía planea presentar demandas contra las restricciones y prohibiciones del medicamento en otros estados.
