Associated Press
BOGOTÁ (AP) — Una delegación del gobierno colombiano exigió el jueves al grupo ilegal Comandos de la Frontera que rechace públicamente el intento de quemar vivos a dos militares durante una asonada de civiles a los que presuntamente presionaron y advirtió que, de lo contrario, corre peligro la continuidad de los diálogos de paz.
“Estas acciones de barbarie no pueden tolerarse… ponen en grave riesgo los significativos avances alcanzados en nuestra mesa”, indicó el gobierno en un comunicado.
La asonada se registró el miércoles en una zona rural de Putumayo, un departamento fronterizo con Ecuador y Perú, cuando un grupo de militares intentaba destruir un laboratorio ilegal empleado para procesar pasta base de cocaína.
Según el Ejército, un grupo de civiles que habrían sido presionados por miembros de Comandos de la Frontera iniciaron la asonada para impedir la destrucción del laboratorio y atacaron a dos soldados rociándoles gasolina y prendiéndoles fuego.
Los militares quemados fueron evacuados de la zona hacia el hospital de Florencia, la capital de Putumayo, y se encuentran estables, informó el ejército. Uno de ellos sufrió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.
Los Comandos de la Frontera son una facción de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016. Forman parte de un grupo autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el que el gobierno mantiene una mesa de diálogo.
La delegación de paz del gobierno exigió a los ilegales que rechacen el ataque “de inmediato”, advirtiendo que de lo contrario se retirarán de una reunión que sostienen en el marco de los diálogos para adelantar consultas con el presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país.
La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en Colombia rechazó el jueves tanto el ataque a los soldados en Putumayo, como otras vulneraciones que ha sufrido en la zona la población civil — en particular los pueblos indígenas y afrodescendientes — por acción de grupos armados ilegales. En un mensaje en la red social X instó a que sean juzgados los responsables.
Comandos de la Frontera opera en Putumayo y Nariño y las autoridades lo acusan de estar involucrado en el narcotráfico y la minería ilegal. También se le responsabiliza de una emboscada en Ecuador, a pocos metros de la frontera con Colombia, en la que murieron 11 militares ecuatorianos en mayo.
