Por SAMY MAGDY
EL CAIRO (AP) — Estados Unidos impuso sanciones a tres personas y dos empresas por presuntamente reclutar y desplegar mercenarios colombianos para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares en la guerra de Sudán, que ha entrado en su cuarto año sin que se vislumbre un final.
El Departamento del Tesoro anunció las sanciones a última hora del viernes; fueron las más recientes de Estados Unidos contra las FAR, que están en guerra contra el ejército sudanés desde abril de 2023.
Organizaciones de derechos humanos han acusado al grupo de atrocidades que equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto, que ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo. Las FAR surgieron de las temidas milicias árabes yanyauid, conocidas por atrocidades a comienzos de la década de 2000 contra personas que se identificaban como africanas orientales o centrales en la región occidental sudanesa de Darfur.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro indicó que las personas y empresas sancionadas participaron en “reclutar y desplegar a exmilitares colombianos en Sudán para combatir en nombre de las FAR”.
Entre ellas figura una agencia de empleo con sede en Bogotá, Colombia, Fénix, que se creó el año pasado como reemplazo de otra empresa, A4SI, a la que Estados Unidos sancionó en diciembre también por ayudar a las FAR.
Ambas empresas fueron fundadas por Álvaro Andrés Quijano Becerra, un oficial retirado del ejército colombiano, y su esposa. Según el comunicado del Tesoro, también figuran en una lista de sanciones relacionada con Sudán.
En las sanciones más recientes se incluyeron otra agencia de reclutamiento con sede en Bogotá, GQAB, y tres personas: el gerente de Fénix, Quijano Torres; el propietario de GQAB, José García Batte; y el gerente y representante legal de GQAB, Omar García Batte. Todos son ciudadanos colombianos, señaló el Tesoro.
El Tesoro afirmó que cientos de exsoldados colombianos han sido desplegados en Sudán desde 2024 para ayudar a los paramilitares en la guerra, “cumpliendo funciones de combate y técnicas y participando en batallas en todo el país”.
Estados Unidos ha acusado a las FAR de llevar a cabo repetidamente “ejecuciones sumarias, ataques con motivación étnica, violencia sexual y de género, y tortura en las zonas bajo su control”, más recientemente en la ciudad darfurí de el-Fasher.
El Departamento de Estado indicó en diciembre que miembros de las FAR habían cometido “crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica”.
El Tesoro citó el ataque de las FAR contra la ciudad darfurí de el-Fasher en octubre, que, según expertos encargados por Naciones Unidas, presentaba “las características propias de un genocidio”. De acuerdo con la ONU, al menos 6.000 personas murieron en apenas tres días durante ese ataque.
La guerra comenzó cuando las tensiones entre el ejército y las FAR estallaron en combates abiertos en la capital, Jartum, el 15 de abril de 2023, antes de extenderse por el país del noreste de África.
La guerra ha matado al menos a 59.000 personas a lo largo de tres años, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, conocido como ACLED. Sin embargo, el grupo con sede en Estados Unidos que monitorea la guerra señaló que esa cifra casi con seguridad es una subestimación, dadas las dificultades para reportar.
El conflicto ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con unas 34 millones de personas —casi dos de cada tres sudaneses— que necesitan asistencia, según la ONU.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
