CHICAGO – En enero, Mahalea Velasco, de 11 años, empacará su chamarra de invierno y sus botas de nieve. No las necesitará a donde va. Después de Año Nuevo, la nativa de Chicago se despedirá de sus amigos atravesará el país con su madre y sus cuatro hermanos mayores hasta San Diego, California. La niña dice que echará de menos su ciudad natal, pero sabe que el sacrificio valdrá la pena. San Diego está a sólo 20 millas de Tijuana, México, donde vive su padre.
La jovencita admitió que la transición será difícil. Pero es optimista de que la costa oeste la hará sentirse en algún momento como en casa. “Me acostumbraré porque estaré con mi padre”, dice. El padre de familia fue deportado hace cinco años, y ellas han esperado desde entonces la reunificación familiar.
“Sigo luchando por él cada día”, comentó la niña. “Cada mañana al despertarme pienso que se llegará el día en que mi padre volverá a casa”.
Velasco es una de millones de jóvenes en EEUU cuya familia es de estatus mixto, en la que algunos son ciudadanos estadounidenses y otros no. Investigadores estiman que 5.1 millones de niños menores de 18 años viven en EEUU con uno o ambos padres indocumentados. Unos 4.1 millones de ellos son ciudadanos estadounidenses, como Velasco. Sólo en Illinois, 886,000 residentes viven en un hogar con por lo menos un inmigrante indocumentado, según un estudio de 2014 de Rob Paral, demógrafo de Chicago.
Las familias de estatus mixto viven con el temor siempre presente de que podrían ser destrozadas por la deportación de uno de sus miembros. Cuando la pesadilla se convierte en realidad y una orden de deportación llega, la familia tiene algunas opciones. Pueden separarse, con uno o más miembros de la familia trasladándose al país natal del deportado mientras los otros se quedan en EEUU. El familiar indocumentado también puede buscar santuario. O, toda la familia puede dejar el país junta. Cualquiera de estas opciones resulta en un cambio enorme para la familia.
“La manera en la que todo el sistema opera hoy es perturbador —no para todos los inmigrantes, pero sí para ciertos inmigrantes, especialmente los que han entrado el país sin inspección y para los que tienen indocumentados en la familia”, dijo Cecilia Menjívar, socióloga en la Universidad de Kansas que estudia la inmigración. “Es un sistema muy complejo que tiene varias repercusiones y varios tentáculos que afectan diferentes aspectos de la vida de la familia”, agregó.
Cuando Velasco y su familia necesitaron ayuda, pidieron apoyo a Familia Latina Unida, un ministerio de iglesias metodistas en Hermosa, Humboldt Park, Pilsen y Waukegan, que se ha convertido en uno de los defensores más prominentes de los indocumentados en la ciudad. En agosto de 2006, la Iglesia Metodista Unida Adalberto, en Humboldt Park, acogió a su primera indocumentada que buscó santuario contra la deportación, la activista mexicana Elvira Arellano. Poco más de una década después, abrió sus puertas a Francisca Lino, otra mexicana indocumentada en necesidad de refugio.
Un hogar improvisado
En un apartamento arriba de la Iglesia Metodista Unida Adalberto, Francisca Lino se siente segura. Varias puertas cerradas la protegen de la amenaza inminente de la deportación. Amigos y familiares pueden cruzar el umbral, pero los oficiales del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) no son bienvenidos en su hogar improvisado donde ha residido en santuario desde el 22 de agosto.
Ya pasaron 90 días desde que Lino faltó a su cita y por ello sería considerada fugitiva, pero lejos de abandonar el país, la mujer demandó al Gobierno bajo el argumento de violación de sus derechos al debido proceso y pide una compensación económica.
Los abogados argumentaron en un escrito presentado en la corte federal del Distrito Norte de Illinois que Lino, a pesar de ser indocumentada, ha vivido 18 años en Estados Unidos en base a apelaciones y a la supervisión anual de las autoridades de inmigración.
Durante ese tiempo, con su esposo, que es ciudadano, compró una casa, tuvo tres hijos, ha estado empleada y pagó sus impuestos.
Sin embargo, agrega la demanda, durante todo el proceso migratorio se habrían violado las garantías del debido proceso porque se ordenó su deportación sin una audiencia ante un juez, y se le presentaron documentos en inglés, cuando ella solamente habla y entiende español.
El abogado Chris Bergin informó que se busca demostrar la inconstitucionalidad de la orden inicial de expulsión, emitida en 1999, porque de esa manera Lino tendría posibilidad de solicitar una tarjeta de residente a través de su esposo estadounidense.
“Yo no veo la vida sin mis hijas allá —no me veo allá sola”, comentó Lino. “Pero si el juez decide que me tengo que ir, pues me tengo que ir”.
Para ella, el santuario pareció como la única opción cuando su fecha de salida llegó. No estaba lista para vivir a miles de millas de su esposo y sus cinco hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Lino, de 50 años y residente en Bolingbrook, recibió la orden de deportación en marzo durante una cita rutinaria con ICE. No tiene récord criminal. Ha asistido a reuniones con ICE cada año desde 2005, cuando su esposo, Diego Lino, solicitó la regularización de su estatus sin éxito. Las autoridades le concedieron algunos meses más con su familia, con la condición de que regresara a las oficinas de ICE con sus maletas y un boleto de avión para México el 23 de agosto.
Durante cinco meses los Lino se reunieron con sus abogados y sus pastores para considerar todas sus opciones. Inicialmente, Diego y sus hijos querían que Francisca obedeciera a las autoridades. Pero la noche del 22 de agosto, Diego y Francisca reconsideraron.
“Le pregunté al abogado si había una opción de que mi familia y yo arregláramos la situación”, contó Lino. Y “me dijo que todavía tenía argumentos legales que podía emplear siempre y cuando yo no saliera del país. Entonces decidí hablar con mis pastores y pedir permiso de tomar santuario”.
Sin mamá
Entonces todo cambió para Lino. Se despidió de lo cotidiano de la vida exterior. Dice que extraña el recorrer su vecindario tranquilo en los suburbios y sus salidas para ir de compras. Sin embargo, no es la única afectada por la situación. Sin la madre de la casa, Diego se ha convertido en el único encargado del hogar.
“No lo demuestra pero creo que él realmente está sufriendo”, comentó Judith Lino, una de sus hijas.
Como Diego trabaja turnos nocturnos, las tres hijas que todavía viven en casa —Britzy, de 16 años, y las gemelas Judith y Juliana, de 15— pasan mucho tiempo solas en el hogar. Diego contó que María Burciaga, su madre, viene a la casa y cocina mientras sus hijas hacen la tarea algunos días a la semana, pero lamenta que ellas pasen tanto tiempo sin sus padres.
Juliana añadió que la pérdida del ingreso que aportaba su madre ha aumentado al estrés de la familia. Su hermana mayor, quien todavía está en secundaria, consiguió un empleo recientemente. Pero Diego es el que lleva el peso completo para mantener a la familia y el dinero escasea.
“Las primeras semanas estaba muy estresado, me sentía mal y pensaba, que no iba a poder”, mencionó Diego. “Pero, gracias a Dios, vamos poco a poco. Me afecta bastante, pero sí, vamos a seguir adelante para que todos estén bien”.
Britzy, Judith y Juliana han visto la lucha de su madre por arreglar su situación desde que eran pequeñas. Después de más de una década, sus presentaciones anuales para reportarse con ICE se convirtieron en rutina. Pero cuando Lino recibió una orden de deportación, se sintieron desconsoladas. A causa de la inestabilidad del estatus de su madre, las niñas han sufrido depresión y ansiedad. Una de ellas intentó suicidarse hace algunos meses, y las tres están en terapia para tratar el estrés.
Mientras Lino está en santuario, su familia no puede contar con ella en su vida diaria. Pueden verla los sábados y domingos, pero la echan de menos durante la semana.
“Me entristece que mi madre no esté conmigo todo el tiempo”, dijo Judith. “La visitó dos días a la semana y es difícil porque nadie debería vivir así”.
Decisiones por venir
El futuro de Lino es incierto. Si sus abogados determinan que la mejor opción para Lino es salir del país, su familia tendrá que separarse. Diego se quedará en EEUU para trabajar y sus hijas deberán decidir si permanecen con él o se mudan con su madre a México, un país que casi no conocen.
“Tengo todo aquí”, dijo Judith. “Tengo a mis amigos y la escuela a la que me gusta asistir. Esta situación me pone mal”.
Juliana añadió que no conoce muy bien a sus familiares en México, ni puede hablar español con fluidez. “Realmente no quiero ir a México”, dijo. “Pero siento que no es mi elección, siento que mi madre quiere que nos quedemos juntas”.
Los Lino esperan que Inmigración revise su caso y le dé más tiempo en EEUU, como han hecho en el pasado. Pero reconocen que el futuro es incierto.
“No quiero alimentar falsas esperanzas. Siento que cualquier cosa puede pasar”, dijo Juliana.
Diego añadió que la incertidumbre del futuro de su familia ha puesto todo en pausa. “No puedo tomar decisiones de comprar una casa ni de nada”, dijo. “No puedo iniciar un negocio porque las cosas no están bien —por lo mismo que no estamos estables no podemos hacer planes, no sabemos qué va a pasar”.
Por ahora, Diego sigue cuidando a sus hijos solo, esperando reunificarse con su pareja pronto.
Separados por la frontera
En tanto, Cecilia García, la madre de Mahalea Velasco, también espera una reunificación familiar inminente. Su esposo, Hugo Velasco, fue deportado en octubre de 2012, cuando su hija menor tenía 6 años.
Hugo estaba manejando cuando la Policía lo detuvo porque a su auto le faltaba una placa. Los oficiales se dieron cuenta de que él era indocumentado cuando no pudo presentar una forma de identificación, horas después ya estaba en proceso de deportación. En un parpadeo, García se convirtió en una madre sola, con su esposo en otro país.
“Ha sido bastante duro”, contó García. “He tenido el rol de padre y madre por cinco años”.
La ausencia de Hugo ha resultado en distancia física y emocional entre él y sus cinco hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Los menores se comunican frecuentemente con su padre, pero ha sido más difícil para los mayores, quienes pueden recordar el trauma de la deportación de su padre. Las dos hijas mayores han sufrido depresión. Una de ellas está en tratamiento porque intentó suicidarse.
“Ellos no tienen la culpa”, indicó García con los ojos llorosos. “Es lo que más me duele porque no son culpables de esta situación, es de un gobierno al que no le importamos, que no tiene corazón, que no nos ve como humanos”.
Este invierno García y sus hijos planean mudarse a San Diego, más cerca de Velasco, quien reside en Tijuana. Aunque seguirán separados, podrán visitar al padre de familia los fines de semana.
“Estoy un poco feliz porque puedo estar con mi padre finalmente y no tendré que preocuparme de vivir sin él”, dijo Mahalea Velasco, la hija menor de García. La niña está nerviosa por la mudanza, pero espera que ello alivie el estrés de su madre.
“Sé que un día, cuando todos estemos juntos otra vez, todo ese estrés se le quitará”, dijo Mahalea. “Eso no la atormentará nunca más y sé que todos seremos felices”.
La deportación de su esposo le abrió los ojos de García sobre los huecos en el sistema de inmigración. Como ciudadana estadounidense, García siempre pensó que su esposo indocumentado podría arreglar su estatus legal sin problemas. La deportación después de años de tratar de arreglar, le parece injusta a García. Dijo que su terapia es el activismo.
“Ahora, más que nunca, no puedo quedarme callada, tengo que pelear y luchar y defender a mi pueblo y a las familias, para que ninguna familia más pase por esto”, mencionó García.
Francisca Lino por su parte también continuará la lucha para mantener a su familia unida. A pesar de la incertidumbre de vivir en santuario indefinidamente, no lamenta la decisión que tomó.
“Es bastante difícil, pero hubiera sido peor si me hubiera ido porque aquí, por lo menos, puedo abrazar a mis hijos cada fin de semana”, comentó Lino. “Veo a mis hijas, que es lo que me motiva a aguantar más. Yo puedo aguantar el tiempo que sea necesario”.
