Por FATIMA HUSSEIN, ERIC TUCKER y ALANNA DURKIN RICHER
WAHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump tomó medidas el lunes para retirar su demanda de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos, después que se informó que su gobierno estaba a punto de crear un fondo para compensar a algunos de sus aliados.
La divulgación se hizo en una presentación ante un tribunal federal en Florida, donde la demanda fue interpuesta el año pasado.
ABC News reportó la semana pasada que Trump estaba dispuesto a retirar su demanda como parte de un acuerdo que creará un fondo de 1.700 millones de dólares para pagar a aliados del presidente que creen que fueron investigados y procesados injustamente.
La presentación judicial no mencionó los términos de ningún posible acuerdo.
La noticia de que el gobierno Trump estaba contemplando un fondo para pagar a aliados del presidente provocó una reacción inmediata de los demócratas, incluido el congresista Jamie Raskin, quien calificó la idea de “inconstitucional”.
“Esto, por supuesto, es un fondo de agravios políticos que Donald Trump puede usar para recompensar a sus amigos”, dijo Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en una entrevista el domingo en “This Week” de ABC.
“Si estas personas tienen una causa de acción válida, deberían presentarla ante el tribunal como lo hace cualquier otro estadounidense, usar el sistema del debido proceso y demostrar las cosas con pruebas claras y convincentes, o por preponderancia de la evidencia; vayan y demuéstrenlo. Pero la idea de que Donald Trump pueda simplemente repartirlo como si fuera un indulto es absurda”, añadió.
Por el momento no quedo claro quiénes se beneficiarán precisamente del fondo, pero su creación refleja las denuncias de larga data de Trump de que el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden se utilizó como un arma en su contra.
Ha citado como prueba los cargos penales —posteriormente desestimados— que enfrentó entre su primer y su segundo mandato por supuestamente conspirar para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, y por retener documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Varios de sus asesores también fueron procesados, al igual que cientos de simpatizantes de Trump que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Merrick Garland, quien fue secretario de Justicia con Biden, ha negado repetidamente las acusaciones de politización y ha dicho que sus decisiones siguieron los hechos, las pruebas y la ley. Su Departamento de Justicia también investigó a Biden por su manejo de información clasificada y presentó procesos separados por impuestos y armas contra el hijo de Biden, Hunter.
Aun así, el actual Departamento de Justicia de Trump ha impulsado activamente la campaña de represalias y agravios del presidente, presentando cargos penales contra algunos de sus supuestos adversarios e iniciando una investigación de amplio alcance que busca establecer una conspiración de años entre funcionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia para destruir las perspectivas políticas de Trump y mantenerlo alejado del poder.
No se han presentado cargos en esa investigación y no está claro que alguna vez se presenten.
Trump presentó una demanda a principios de este año ante un tribunal federal en Florida, alegando que una filtración previa de los registros fiscales confidenciales de él y de la Organización Trump causó “daño reputacional y financiero, vergüenza pública, empañó injustamente sus reputaciones empresariales, los retrató de manera falsa y afectó negativamente la imagen pública del presidente Trump y la de los demás demandantes”.
Los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, también figuran como demandantes.
En 2024, el excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn, de Washington, D.C. —quien trabajó para Booz Allen Hamilton, una firma tecnológica de defensa y seguridad nacional— fue condenado a cinco años de prisión tras declararse culpable de filtrar información fiscal sobre el presidente Trump y otras personas a dos medios de comunicación entre 2018 y 2020.
Los medios no fueron nombrados en los documentos de acusación, pero la descripción y el período coinciden con historias sobre las declaraciones de impuestos de Trump en The New York Times y con reportajes sobre los impuestos de estadounidenses adinerados en la organización sin fines de lucro de periodismo de investigación ProPublica. El artículo de The New York Times de 2020 reveló que Trump pagó 750 dólares en impuesto federal sobre la renta el año en que entró por primera vez a la Casa Blanca, y que no pagó impuesto sobre la renta en absoluto algunos años, gracias a pérdidas colosales reportadas.
En la primera señal de que se acercaba un acuerdo —los abogados del presidente pidieron en abril a un juez federal que pausara el caso durante 90 días al tiempo que las dos partes trabajan para alcanzar un acuerdo o una resolución.
“Esta pausa limitada no perjudicará a las partes ni retrasará la resolución final”, señaló la presentación de abril. “Más bien, la prórroga promoverá la economía judicial y permitirá a las partes explorar vías que podrían acotar o resolver los asuntos de manera eficiente”.
Cuando se le preguntó en febrero cómo manejará cualquier posible indemnización del caso, Trump dijo: “Creo que lo que haremos es hacer algo para caridad”.
“Podríamos convertirlo en una cantidad sustancial”, dijo en ese momento. “A nadie le importará porque va a ir a numerosas organizaciones benéficas muy buenas”.
Un grupo de abogados escribió al tribunal este mes, expresando preocupaciones sobre si el Departamento de Justicia estaba debidamente aislado del control del presidente sobre el caso . Además, varios grupos de vigilancia ética han presentado escritos de amigo del tribunal impugnando la demanda del presidente.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
