Por GENE JOHNSON
Los funcionarios judiciales que supervisan el fondo de conciliación de la NFL, de más de 1.000 millones de dólares, para lesiones relacionadas con conmociones cerebrales prohibieron que cinco bufetes de abogados tramitaran más reclamaciones de exjugadores, después de concluir que, de manera fraudulenta, dirigieron a clientes hacia médicos dispuestos a diagnosticarles la enfermedad de Parkinson, tuvieran o no síntomas.
Los cinco bufetes representaron o realizaron trabajos vinculados a 98 exjugadores que en los últimos años solicitaron pagos de seis y siete cifras del acuerdo por reclamaciones de Parkinson, escribieron en un informe presentado el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Filadelfia los “special masters” designados para ayudar a supervisar el acuerdo.
De esos casos, 37 seguían pendientes y ahora serán rechazados, per los jugadores tendrán la opción de reiniciar el proceso de reclamación. Los otros 57 fueron aprobados —por un total de más de 95 millones de dólares— antes de que avisos sobre actividad sospechosa impulsaran una auditoría. La parte correspondiente a los abogados ascendió a unos 20 millones de dólares, indicó el informe, y es posible que otros bufetes hayan participado en acciones similares.
El informe lo calificó como “un esquema organizado… en el que estos bufetes —y potencialmente otros— eludieron las salvaguardas antifraude del Acuerdo y blanquearon diagnósticos cuestionables de enfermedad de Parkinson para convertirlos en reclamaciones pagaderas”.
Según el informe, entre los abogados implicados estaba Bart Oates, exjugador campeón de tres Super Bowls con los Giants de Nueva York y 49ers de San Francisco, quien obtuvo su título mientras era jugador. Oates no respondió de inmediato a un mensaje que The Associated Press dejó en el buzón de voz de su bufete solicitando comentarios.
Fondo de la NFL previsto para durar 65 años
La NFL acordó en 2013 crear el fondo, previsto para durar 65 años, para resolver acusaciones en una demanda colectiva de que durante mucho tiempo ocultó lo que sabía sobre los riesgos neurológicos de seguir jugando tras conmociones cerebrales. El plan ofrece a los jugadores retirados pruebas de referencia y compensaciones de hasta 5 millones de dólares por las enfermedades más graves vinculadas a las conmociones, entre ellas Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y muertes relacionadas con encefalopatía traumática crónica, o CTE.
El fondo no tiene tope; hasta ahora ha otorgado más de 1.600 millones de dólares en alrededor de 2.100 reclamaciones.
La liga ya había expresado preocupación por la búsqueda de médicos (“doctor-shopping”) u otros fraudes en el desembolso del dinero, mientras que algunos abogados que representan a jugadores han acusado a la liga de poner trabas a quienes buscan cobrar.
Un juez destituyó en 2019 a tres de los cuatro abogados que actuaban como asesores de la demanda colectiva después de que objetaran restricciones geográficas sobre los médicos que pueden evaluar a jugadores retirados por demencia y otras lesiones cerebrales.
Una demanda de 2020 reveló sesgo racial en las pruebas de demencia que impedía que algunos jugadores negros recibieran pagos. Cientos más pasaron a cumplir los requisitos después de ser reevaluados con pruebas neutrales.
“La NFL sigue comprometida a garantizar que los jugadores y sus familias reciban los beneficios que merecen, y cualquier mala conducta amenaza la integridad del Acuerdo y el pago oportuno de reclamaciones legítimas”, sentenció el portavoz de la liga, Brian McCarthy, en un comunicado a la AP y añadió: “Estamos satisfechos con la Decisión de los Special Masters, que envía un mensaje claro de que no se tolerará el fraude en el Programa de Conciliación por Conmociones Cerebrales de la NFL”.
Según el acuerdo, solo los médicos contratados por el programa de reclamaciones pueden emitir diagnósticos que califiquen; esos médicos deben estar certificados por una junta, tener experiencia en neurología y cumplir normas contra la influencia diseñadas para prevenir fraudes o sobornos.
Bufetes reclutaron a jugadores retirados
El informe indicó que los bufetes eludieron ese requisito al reclutar a jugadores retirados como clientes y enviarlos a médicos no autorizados que les diagnosticaban Parkinson y les recetaban un fármaco que suprime los síntomas.
En un momento dado, jugadores retirados esperaron en el vestíbulo de un hotel en Dallas para reunirse con un médico itinerante que había alquilado una suite con el propósito de examinarlos por Parkinson, señaló el informe. Otro médico no autorizado utilizado por los bufetes no estaba certificado por una junta ni era conocido como especialista en trastornos del movimiento, pero incluso si lo hubiera sido, habría quedado inhabilitado por una bancarrota previa, gravámenes fiscales y sentencias civiles, añadió.
Tras el diagnóstico y la receta de un médico no autorizado, los bufetes enviaban a los clientes a médicos aprobados —a quienes se les dificultaba decidir si el exjugador tenía la enfermedad, porque el jugador ya estaba medicado para suprimir los síntomas—, según el informe.
Por lo general, los médicos aprobados solo podían basarse en el historial médico previo: el diagnóstico anterior y la receta vigente.
El informe identificó a los bufetes implicados como Douglas Grossinger, Attorney at Law; Feder Law, LLC; Pro Athlete Law Firm, P.A.; Syme Law, PLLC; y Reppert Oates & Vytell, LLC. Señaló que la práctica comenzó con Grossinger, quien luego reclutó a otros abogados para que presentaran reclamaciones por él y así evitar levantar sospechas por presentar tantas reclamaciones de Parkinson.
Oates no derivó reclamaciones a otros abogados, pero sí recurrió a una práctica similar con los diagnósticos, indicó el informe, citando a informantes que dijeron a los auditores que él “llamaba en frío a jugadores retirados de la NFL, prometiendo un diagnóstico de enfermedad de Parkinson” si los jugadores se cambiaban de otro bufete al suyo”.
“Al estructurar de esta manera las evaluaciones de sus clientes, el Sr. Grossinger y ROV colocaron deliberadamente a los médicos (aprobados) en una situación en la que tenían pocas opciones más que deferir a historiales externos fabricados”, señaló el informe.
Grossinger, abogado con licencia en Nueva York, declinó hacer comentarios para publicación cuando la AP lo contactó. Fred Feder, con sede en Pensilvania, dijo en un mensaje de texto que no haría ninguna declaración sin antes consultar a su abogado. La AP no pudo confirmar de inmediato información de contacto de Syme Law o Pro Athlete Law Firm.
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Johnson informó desde Seattle. El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.
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