Por MARK BANCHEREAU
DAKAR, Senegal (AP) — Es una situación que el presidente de la República Democrática del Congo ha descrito como “vivir el sueño congoleño”. Para los 15 latinoamericanos deportados al país africano bajo la ampliamente criticada campaña del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump contra los migrantes, se siente más como una pesadilla.
The Associated Press habló con una de ellos, una mujer colombiana de 29 años que confirmó lo que personas deportadas a otras naciones africanas han descrito: una deportación con grilletes pese a una orden de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos. Confinamiento en un hotel con salidas supervisadas.
Y una elección imposible: regresar a su país de origen con el riesgo de persecución o quedarse en la República Democrática del Congo, un país del que la mujer colombiana nunca había oído hablar antes de su llegada.
“Es como si fuéramos niños”, comentó al tiempo que su visa congoleña de tres meses está a punto de vencer sin que haya un plan a la vista.
“¿Que qué haría? Sé que haría uno aquí en un lugar totalmente desconocido, sin donde vivir, sin saber qué hacer”, añadió, al hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Por ahora no queda claro qué significará para ella un nuevo fallo de una corte federal estadounidense que sostiene que el gobierno de Estados Unidos probablemente violó la ley al deportar a otro colombiano al Congo.
Grupo afiliado a la ONU asume rol central
En su entrevista desde el hotel en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, donde ella y otros deportados están retenidos, la mujer aportó nuevos detalles sobre el papel central que está desempeñando una agencia afiliada a Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Dijo que a los deportados se les permite salir del hotel aproximadamente una vez por semana y sólo acompañados por personal de la OIM. Cuando compran en un supermercado o retiran dinero, los conducen rápidamente de vuelta al vehículo, sin que el personal de la OIM los pierda de vista.
“Ellos se eligen a qué lugar vamos a ir y qué es lo que vamos a comprar”, declaró.
En el hotel, explicó, el personal de la OIM ha organizado actividades como pintura, música y voleibol, pero muchos deportados han dejado de participar, aburridos de la rutina. Ella baja a comer y, por lo demás, permanece en su habitación, haciendo llamadas nocturnas a su hija de 10 años en Colombia y preocupándose por cuándo la volverá a ver.
Lo más llamativo es el papel que está desempeñando el personal de la OIM al presentar a los deportados sus posibles destinos.
A la mujer le han ofrecido dos caminos: regresar a Colombia, adonde un juez de Estados Unidos ha dictaminado que no puede ser enviada de manera segura, recibiendo “protección y asistencia” de la OIM, o permanecer en el Congo sin apoyo.
“Les dan opciones imposibles”, subrayó Alma David, la abogada de la mujer radicada en Estados Unidos. “Al deportarlos a un tercer país sin oportunidad de impugnar que los envíen allí, Estados Unidos no sólo violó sus derechos al debido proceso, sino también nuestras propias leyes migratorias y nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales”.
La República Democrática del Congo es uno de al menos ocho países africanos que han hecho acuerdos con el gobierno de Trump para facilitar deportaciones de nacionales de terceros países, lo que, según expertos legales, equivale en la práctica a un vacío legal para Estados Unidos. La mayoría de los deportados había recibido órdenes legales de protección de jueces federales en Estados Unidos que los resguardaban de ser devueltos a sus países de origen, de acuerdo con abogados.
La AP ha entrevistado a otras personas enviadas a naciones africanas que fueron obligadas a tomar decisiones arriesgadas, como un solicitante de asilo marroquí gay deportado a Camerún, un país donde la homosexualidad es ilegal.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a preguntas sobre el caso de la mujer colombiana, pero ha afirmado que los acuerdos de deportación a terceros países “garantizan el debido proceso conforme a la Constitución de Estados Unidos”. El gobierno de Trump sostiene que los acuerdos son necesarios para “expulsar a extranjeros ilegales criminales” cuyos países de origen no los aceptará de regreso.
Poca claridad del acuerdo de Congo con EEUU
Los detalles del acuerdo de la República Democrática del Congo con el gobierno de Trump no están claros. Otros países han recibido millones de dólares para participar.
El presidente congoleño Félix Tshisekedi calificó el acuerdo como un “acto de buena voluntad entre socios” a principios de este mes, sin compensación financiera. Esto ocurre al tiempo que Washington ha incrementado la presión sobre la vecina Ruanda por su apoyo al grupo rebelde M23, que ha tomado ciudades en el este del Congo, una dinámica que, según algunos analistas, podría explicar la disposición de Kinshasa a recibir deportados.
“Acordamos hacerlo como un gesto amistoso, simplemente porque era lo que querían los estadounidenses”, dijo Tshisekedi, y añadió que los migrantes son libres de salir de la República Democrática del Congo en cualquier momento.
“Entendemos que psicológicamente deben estar inquietos porque, al principio, soñaban con vivir el sueño americano, y ahora están viviendo el sueño congoleño —en un país que probablemente no conocían y que quizá ni siquiera habían notado en un mapa del mundo”, expresó Tshisekedi.
Grupos congoleños de derechos humanos han calificado esto como una violación del derecho internacional de los refugiados. El Instituto de Investigación en Derechos Humanos, con sede en la República Democrática del Congo, describió la situación como “detención arbitraria por encargo para Estados Unidos”.
La política actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) establece que, si un gobierno ha dado garantías diplomáticas generales de que no perseguirá a las personas deportadas, no se requiere ningún proceso adicional para la deportación, ni siquiera avisar a los deportados adónde serán enviados, dijo David, la abogada.
“Cuando me dijeron que me iban a deportar, casi me desmayé”, relató la mujer colombiana. Le hablaron del Congo el día antes del vuelo.
Fue detenida en un control rutinario del ICE
Dijo que salió de Colombia en 2024, tras amenazas de grupos armados y abusos de una expareja que trabajaba para el gobierno.
Fue a México, donde esperó una cita en la frontera reservada con el gobierno de Estados Unidos. Cuando se presentó en un puerto de entrada de Arizona en septiembre de 2024, agentes de inmigración determinaron que tenía un temor creíble de persecución, lo que le permitió solicitar asilo, pero la mantuvieron detenida bajo custodia del ICE.
“Estás año y medio encerrada viviendo el mismo día todos los días. Ver peleas, castigos de encierros en las celdas por muchas horas, pierdes tu privacidad hasta para usar el baño, para todo debes pedir permiso”, contó.
Agregó que algunos agentes lanzaban comentarios racistas y despectivos hacia los migrantes, a quienes en ocasiones les negaban a manera de castigo actividades básicas como ducharse.
Un juez federal le concedió protección en virtud de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura en mayo de 2025, al dictaminar que no podía ser devuelta de manera segura a Colombia, según documentos judiciales vistos por la AP.
Presentó una petición de hábeas corpus y obtuvo su liberación en febrero. Se mudó a Texas y se le exigió usar un dispositivo de monitoreo GPS, pero en su primera cita de control con el ICE fue detenida de nuevo.
“Sólo me dijeron estás bajo arresto, estás bajo detención de ICE porque encontramos un tercer”, señaló.
Menos de tres semanas después, la subieron a un avión rumbo al Congo. Ella y los demás deportados llegaron el 17 de abril tras un vuelo chárter de casi 24 horas durante el cual les inmovilizaron manos y pies.
No se siente segura en el Congo
Ahora se alojan en un hotel cerca del aeropuerto de Kinshasa, en bungalós blancos y ordenados. El gobierno de la República Democrática del Congo cubre el costo, de acuerdo con la OIM. No queda claro si eso continuará luego que se venzan las visas de los deportados.
Las puertas del hotel están cerradas con llave, según uno de los abogados de los deportados. La mujer colombiana también dijo que el personal de seguridad no les permite salir por su cuenta.
Les dijeron que podían solicitar asilo, una opción que nadie ha elegido. La mujer sostiene no sentirse segura en el Congo.
Un portavoz de la OIM indicó que la organización le ha brindado asistencia humanitaria basada en una evaluación de su vulnerabilidad. Esto incluye “intervenciones de protección, derivaciones, salvaguarda de derechos y promoción del bienestar general de los migrantes”, sin dar detalles.
La OIM también puede ofrecer “retorno voluntario asistido” —cubriendo documentos, vuelos, tránsito y alojamiento temporal a la llegada— con el consentimiento de los migrantes.
La OIM dijo que no desempeña ningún papel en determinar quién es deportado y que se reserva el derecho de retirar su asistencia a los deportados si no se cumplen “estándares mínimos de protección”.
La mujer colombiana sigue en un limbo, ansiosa. Dijo que la comida “nos ha hecho mucho daño”, con malestares estomacales persistentes.
Los idiomas locales, como el francés y el lingala, le resultan tan ajenos como el entorno.
“Lo peor de todo es que uno tenga que vivir eso sin haber cometido ningún delito, solamente por ir a otro país a pedir seguridad y protección”, lamentó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
