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La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional, el jueves 30 de abril de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
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Por Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México avaló en la madrugada del jueves una reforma constitucional que posterga las elecciones judiciales previstas para 2027 a 2028, y depura la selección de los candidatos que fue duramente criticada en la votación del año pasado luego de que personas cercanas al oficialismo resultaron elegidas para la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales.

Los congresistas del partido gobernante, Morena, y sus aliados impusieron una vez más su mayoría para respaldar, con 322 votos a favor, 132 en contra y veintidós abstenciones, la iniciativa que envió la semana pasada al Congreso la presidenta, Claudia Sheinbaum. Ahora, pasará al Senado para su aprobación final en los próximos días.

En junio del año pasado, los mexicanos eligieron en una inédita y compleja votación a unos 2.600 jueces federales y locales en medio de un gran desinterés y desconocimiento de los candidatos, lo que favoreció una abstención que alcanzó el 13%. En la reforma se estableció que en 2027 se elegirían otros 800 jueces y magistrados federales, y 2.800 jueces estatales.

En 2025 se eligieron algunos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte cercanos al partido gobernante, lo que alimentó las dudas sobre la pérdida de independencia de la judicatura.

Entre los cambios que plantea la reforma está la demora de los comicios para el 4 de junio de 2028. También se prevé la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes públicos, que se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los aspirantes y establecer los mecanismos de selección.

La iniciativa contempla reducir a cuatro personas la lista de aspirantes por cargo, y luego realizar una insaculación pública para dejar las opciones en apenas dos.

Durante la maratónica sesión, que duró más de 14 horas, se generó una controversia cuando el oficialista Sergio Gutiérrez propuso a último momento que se permita que los magistrados de la Sala Electoral participen como candidatos en 2028. La medida recibió objeciones de oficialistas y opositores, que señalaron que extendería la permanencia de esos jueces en los cargos por 17 años. Pese a las críticas, el cambio fue aprobado.

Al anunciar su propuesta la semana pasada, Sheinbaum dijo que era necesario mover la segunda etapa de la elección porque el próximo año habrá comicios regionales en 17 de los 32 estados para renovar gobernadores, congresos locales, miles de alcaldías y la Cámara de Diputados.

Contra la injerencia extranjera y el narco

La cámara debatirá el jueves una reforma que permitirá al Tribunal Electoral de México invalidar comicios cuando existan indicios de “intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, según el texto.

El diputado oficialista Ricardo Monreal afirmó que la iniciativa busca “proteger las elecciones nacionales” como en Estados Unidos y otros países, pero expertos y opositores sostienen que la propuesta es “ambigua” y que será difícil de comprobar la injerencia extranjera en una votación.

Monreal promovió la iniciativa tras la crisis que se generó a finales de abril luego de que la fiscalía de Nueva York acusó a 10 funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha— de narcotráfico, lo que alentó las críticas de la oposición a Morena y a Sheinbaum. Algunos calificaron el proceso como un intento de Estados Unidos de intervenir en la política mexicana.

Como parte de las reformas, los congresistas también discutirán la creación de una comisión de verificación de la integridad de los candidatos en el Instituto Nacional Electoral para limitar la participación de personas con vínculos con organizaciones criminales.