Por TRAVIS LOLLER
NASHVILLE, Tennesee, EE.UU. (AP) — Un caso de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea de Estados Unidos ayudó a consolidar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue desestimado el viernes.
La deportación de Ábrego García a El Salvador el año pasado se convirtió en causa de vergüenza para funcionarios de Trump cuando se les ordenó devolverlo a Estados Unidos. Ábrego García sostuvo que, tanto el momento en que se presentaron los cargos penales como las declaraciones incendiarias sobre él por parte de altos funcionarios del gobierno, demostraban que la fiscalía actuaba con ánimo de venganza.
El juez federal de distrito Waverly Crenshaw, al resolver desde Nashville, concedió la petición de Ábrego García para desestimar el caso por “procesamiento selectivo o vengativo”.
El fallo equivale a una extraordinaria reprimenda a un Departamento de Justicia que, en el mandato del presidente Donald Trump, ha sido acusado repetidamente de atacar a acusados para fines políticos. El año pasado, el gobierno de Trump promovió las acusaciones contra Ábrego García en una conferencia de prensa en la que la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi declaró: “Así es como luce la justicia estadounidense”.
“Kilmar Ábrego García es víctima de una Casa Blanca vengativa y politizada y de sus abogados, y de lo que solía ser un Departamento de Justicia independiente”, dijo su abogado en un comunicado emitido después del fallo del viernes. “Estamos muy complacidos de que haya quedado libre”.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Si no hubiera sido por la “demanda exitosa de Ábrego García que impugnó su traslado a El Salvador, el gobierno no habría presentado esta acusación”, expresó Crenshay, y desestimó los alegatos de que hay “nuevas pruebas” en su contra.
Crenshaw no llego a afirmar que el gobierno actuó con “real ánimo de venganza”, un estándar que pocas veces se alcanza y que suele requerir pruebas como el hecho de que un fiscal admita que los cargos fueron presentados en venganza contra alguien. Pero el juez encontró que había pruebas suficientes de “presunta venganza” que incluyen el momento de la acusación, declaraciones hechas por el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche, y la constante supervisión del caso por otros altos funcionarios del Departamento de Justicia, que indican que el caso contra Ábrego García estuvo contaminado.
Las propias explicaciones del gobierno no fueron convincentes, escribió Crenshaw.
El primer fiscal federal adjunto para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, se resistió a las solicitudes de Ábrego García para obtener documentos y testimonios de altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Blanche. McGuire insistió en que él era quien tomaba las decisiones en el caso y que sus motivaciones eran las únicas relevantes.
Ábrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer ese delito, y los fiscales afirmaron que aceptó dinero para transportar dentro de Estados Unidos a personas que estaban en el país ilegalmente.
Los cargos se derivan de una parada de tráfico en Tennessee en 2022 por exceso de velocidad. Imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un diálogo tranquilo con Ábrego García. Había nueve pasajeros en el auto, y los agentes comentaron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, a Ábrego García finalmente se le permitió continuar conduciendo con solo una advertencia.
En el fallo del viernes, Crenshaw escribió que el momento de los cargos era fundamental para la presunción de ánimo de venganza. Seguridad Nacional había estado al tanto de la parada de tráfico durante dos años y había cerrado el caso contra Ábrego García cuando lo deportó. Una vez que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que debía ser llevado de regreso al país, reabrieron el caso. Si bien el gobierno tenía la responsabilidad de refutar la presunción de ánimo de venganza, los fiscales no llamaron como testigo a la persona que reabrió el caso para explicar por qué lo hizo. En su lugar, ofrecieron únicamente “testimonio de oídas”.
La deportación de Ábrego García violó una orden de un tribunal de inmigración de 2019 que le otorgaba protección contra la deportación a su país de origen, después de que el juez determinó que allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había atacado a su familia. Ábrego García es un ciudadano salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses que ha vivido en Maryland durante años, aunque inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. La orden de 2019 le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero no se le otorgó estatus de residencia.
Mientras tanto, funcionarios del gobierno de Trump han dicho que Ábrego García no puede permanecer en Estados Unidos. Han prometido deportarlo a un tercer país, más recientemente Liberia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
