The Associated Press
QUITO (AP) — Al menos ocho personas, incluido un policía, fueron asesinadas a tiros por una decena de atacantes que vestían uniformes militares en dos incidentes ocurridos en la costa central de Ecuador, informó el lunes la policía.
En un comunicado la fuerza de seguridad precisó que un primer ataque se produjo la noche del domingo en un sector rural cerca de la población costera de San Vicente —214 kilómetros al suroeste de la capital— cuando una decena de desconocidos llegaron a un comedor popular y dispararon con pistolas y fusiles.
“Se llevaron la vida de cuatro personas, entre ellos de un compañero de la policía en el grado de sargento”, afirmó el coronel Carlos Ortega, jefe policial de la zona que incluye a la provincia de Manabí, afectada por la violencia criminal.
Precisó que en otro hecho ocurrido en un sector cercano y casi paralelamente se produjo un tiroteo que acabó con otras cuatro personas. Ambas agresiones se encuentran bajo investigación para establecer eventuales relaciones y causas.
Hacia el mediodía, el gobierno decretó que por dos meses regirá un toque de queda nocturno en las provincias Guayas, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Santa Elena, del perfil costero; Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos y en las poblaciones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar) para enfrentar la ola de violencia. Esta medida rige también en ciudades como Quito y Guayaquil, las dos más pobladas del país.
Entre el 15 y 30 de marzo estuvo vigente una medida similar en cuatro provincias y, según el gobierno, que bajó el índice de criminalidad.
Manabí y el resto de las provincias además están bajo un estado de excepción por orden del gobierno del presidente Daniel Noboa debido a la persistente criminalidad.
Esa medida restringe derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia y dispone la requisición temporal de bienes privados y la acción conjunta de policía y militares.
En el último lustro Ecuador ha enfrentado la expansión del crimen organizado vinculado a cárteles de narcotráfico transnacionales, lo que ha desatado una ola de violencia y delitos de todo tipo como homicidios, secuestros y extorsiones. El 2025 concluyó con un récord de 9.000 homicidios.
Ante la ola de violencia, en 2024 el gobierno de Noboa declaró que el país se encontraba en un conflicto armado interno y desde entonces ha decretado reiterados estados de excepción, los cuales han sido cuestionados por expertos y organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha expresado su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas en el contexto de los estados de excepción y pidió al gobierno limitarlos.
