Por FABIOLA SÁNCHEZ y AARÓN IBARRA
CULIACÁN, México (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó el jueves con firmeza a la acusación por narcotráfico de Estados Unidos contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa y afirmó que dejará en manos de la Fiscalía General la decisión sobre cómo proceder en el controversial caso que ha tensado las relaciones con Washington.
En su conferencia matutina Sheinbaum indicó que si la Fiscalía General recibe “pruebas contundentes e irrefutables” o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito “deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción” para tramitar la detención y extradición del gobernador y de otros nueve funcionarios mexicanos.
Pero seguidamente advirtió que “si no existen pruebas claras es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, afirmó la mandataria.
El gobernador Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios mexicanos —activos y retirados— fueron señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal que se hizo pública la víspera en Nueva York y en la cual se afirma que colaboraron en el envío masivo de estupefacientes ilícitos a Estados Unidos.
Además de Rocha Moya, que gobierna Sinaloa desde 2021, también fue acusado el alcalde de la capital de ese estado y un senador del partido gobernante Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no vinculados con ningún partido.
Según la fiscalía estadounidense los acusados ayudaron al Cártel de Sinaloa a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. Dicho cártel es uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos a los que Estados Unidos designó como organización terrorista.
Tras el anuncio del proceso, la Fiscalía General de México informó el miércoles, a través del vicefiscal Ulises Lara, que se investigaría las informaciones aportadas por las autoridades estadounidense para establecer “si existen los elementos probatorios necesarios”.
Lara recordó que sólo se puede aprobar la extradición “si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida”, pero admitió que la solicitud de Washington “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Un golpe a la relación con EEUU
El proceso iniciado en Nueva York contra Rocha Moya — el funcionario de mayor rango entre los acusados — por presuntos vínculos con el narcotráfico, es considerado por los analistas como un duro golpe a Sheinbaum y al partido gobernante, que coloca, dicen, la relación entre México y el gobierno de Donald Trump en un momento crítico, a pocos meses del inicio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC).
“La administración de Trump está aumentando la presión contra el gobierno de Sheinbaum”, afirmó Michael Shifter, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, al plantear que con esta acción se busca mostrar que el gobierno mexicano “está infiltrado por cárteles y por lo tanto no está en condiciones de tomar decisiones serias contra los cárteles”.
“De esa manera se estaría armando la justificación para una posible acción militar unilateral”, agregó.
El vínculo bilateral ha pasado por varios momentos álgidos en los últimos meses por las presiones de Washington contra los cárteles mexicanos y la política arancelaria y más recientemente por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el estado de Chihuahua.
Pese al momento de alta tensión y las presiones, Sheinbaum decidió desestimar las pruebas contra Rocha Moya.
Según el politólogo mexicano Javier Rosiles Salas, la mandataria no tenía otra opción de narrativa porque de lo contrario sería un reconocimiento a las denuncias de la oposición de que Morena está infiltrada por narcotráfico.
Para Rosiles Salas, en esta oportunidad el gobierno de Trump “sí está interviniendo en la política mexicana” debido a que hay una “afectación política tremenda” a la imagen de Sheinbaum y su partido de cara a las elecciones regionales de 2027 que podría presionar en la elección de los candidatos que se dará en los próximos meses.
Más incertibumbre a Sinaloa
Entre los habitantes de Culiacán, capital del estado Sinaloa, el anuncio del proceso contra el gobernador y el alcalde oficialista de la ciudad, Juan de Dios Gámez, generó posiciones encontradas, pero admitieron que el caso eleva la incertidumbre y los temores que desde hace casi veinte meses dominan la vida los pobladores por la cruenta lucha que mantienen dos facciones del Cártel de Sinaloa por el control del territorio.
“Si hay mayor temor del que teníamos horas antes”, afirmó Erika Sánchez, una regidora local de 45 años, al reconocer que a las dificultades que han enfrentado por meses en Culiacán ahora se suma la incertidumbre y “la vergüenza” de tener autoridades municipales con señalamiento de presuntos nexos con el narcotráfico.
Sánchez pidió a los funcionarios señalados colaborar en las investigaciones, y en el caso concreto del alcalde Gámez dijo que debería separarse del cargo para enfrentar las acusaciones.
Mientras realizaba una manifestación en la sede del gobierno de Sinaloa en reclamo de mejores condiciones para su escuela, Alondra Bermúdez, una estudiante de 18 años, atribuyó las acusaciones contra las autoridades estatales al deseo del gobierno estadounidense de querer “meterse al estado mexicano” por sus recursos naturales.
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Sánchez reportó desde Ciudad de México. La periodista Megan Janetsky colaboró con esta nota.
